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Por Eduardo Ruiz-Healy
Se realizó la semana pasada, en Los Ángeles (California) la 9ª Reunión de las Américas, asistió la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno de los países de nuestro continente.
Brillaron por su ausencia los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, que enviaron un representante después de que decidieron no asistir debido a que el gobierno de Estados Unidos no invitó a los impresentables dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por la misma razón no fue el presidente de Bolivia.
Tampoco llegó el primer ministro de San Cristóbal y las Granadinas, quien fracasó en su intento de que los gobernantes de 14 países del Caribe no fueran a Los Ángeles.
El presidente de Uruguay canceló su viaje debido a que enfermó de COVID-19.
Bolivia y San Vicente y las Granadinas ni siquiera enviaron un representante.
Al finalizar la reunión, se difundió la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, suscrita por los jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
En ella, los firmantes reiteran su voluntad de “fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos para crear las condiciones de una migración segura, ordenada, humana y regular, y de consolidar los marcos para la protección y la cooperación internacional”.
Añaden que: 1. Coinciden “en la necesidad de promover las condiciones políticas, económicas, sociales, ambientales y de seguridad para que las personas tengan una vida pacífica, productiva y digna en sus países de origen. La migración debería ser una elección voluntaria e informada, y no una necesidad”; 2. Que están “decididos a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas apátridas, con independencia de su condición migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales”, y; 3. “Que se proponen “mantener una cooperación directa para (…) promover los retornos seguros y dignos, en consonancia con la legislación de los países, el principio de no devolución y nuestras respectivas obligaciones conforme al derecho internacional”.
También reconocen que “abordar la migración internacional irregular exige un enfoque de tipo regional, y que las dificultades sanitarias, sociales y económicas que existen actualmente debido a la pandemia exacerban las causas fundamentales que propician la migración irregular, incluidas las vulnerabilidades de numerosos migrantes y comunidades”.
En pocas palabras, se comprometen a promover: “la estabilidad y la asistencia para las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno (…) las vías regulares para la migración y la protección internacional (…) la gestión humana de la migración (…) y una respuesta coordinada ante emergencias”.
Desde ahora se ve difícil que, pese a todas las buenas intenciones anotadas en el documento, se vaya a lograr gran cosa. En primer lugar, la Declaración no es jurídicamente vinculante y, en segundo lugar, el Senado de EEUU no aprobará ninguna legislación que el presidente Biden le envíe para reformar el sistema migratorio de su país.
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