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Por Francisco Garfias
Los diputados de Morena, el PT y el PES festejaban ayer la aprobación de la ley que baja los salarios a funcionarios públicos como si hubiesen ganado la copa del mundo.
No se daban cuenta de que no le bajaron el sueldo a nadie del gobierno de “la mafia en el poder”, que va de salida, sino a los que se integren al de AMLO, que inicia el primero de diciembre.
La Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos —así se llama— data de hace siete años.
No se actualizó, no se discutió en comisiones. Se le dio el clásico fast track sin que hubiera urgencia. Ni siquiera pudo votarse en el tablero electrónico. Aún no están las huellas. El sufragio fue de viva voz.
Esa ley establece que nadie en el sector público puede ganar más que el Presidente de la República. El sueldo que AMLO se autofijó es de 108 mil pesos mensuales.
Un verdadero autoengaño. Daba la impresión de que no sabían ni qué estaban votando. Sus actitudes los delataban. Se imaginaban que en ese momento habían cortado abusos, privilegios, despilfarros.
Lo celebraban al votar de viva voz. “Primero los pobres”, decían unos; “se les acabó la fiesta”, señalaban otros; “es el mandato del pueblo”, alegaban terceros.
“Ya los alcanzó la Cuarta Transformación”, afirmaban los que están con “ya sabes quien”.
Fake news, diría el clásico Donald Trump. La aplicación de la ley no es inmediata. No puede serlo. Violaría la Constitución. Sería fácilmente controvertible en la SCJN.
Hay que esperar hasta el primero de enero de 2019 para aplicarla, y no pasarse por el arco del triunfo la Ley de Leyes.
Y es que a la vieja minuta, que aprobaron sin cambios, le agregaron dos transitorios, como apunta un documento que circuló entre diputados.
Uno de los transitorios dice que entrará en vigor al día siguiente de su promulgación —quieren que sea cuanto antes, septiembre u octubre— sin tomar en cuenta que el Presupuesto de Egresos de 2018 es el que determina el monto de los salarios actuales, y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
El otro transitorio señala que al entrar en vigor la ley quedan sin efecto todas las disposiciones contrarias a la misma.
Pero si así fuera, un funcionario que hoy gane más que el Presidente incurriría en un delito, junto con el que le paga.
Ambos se harían acreedores a sanciones que incluyen multa, cárcel, despido e inhabilitación hasta por 14 años.
“Además, viola el artículo 123, apartado B, que establece que las remuneraciones de los servidores públicos se fijan en los presupuestos respectivos y no pueden ser disminuidos durante la vigencia de éstos”, puntualiza el documento elaborado por la bancada del PRI.
La ley pasa también por encima del artículo 94 de la Ley Suprema que establece: la remuneración de los ministros, magistrados, jueces y consejeros de la Judicatura “no podrá ser disminuida durante su encargo”.
Legisladores de Morena difundieron la versión de que hay un acuerdo con el presidente Peña para que la ley se promulgue a la brevedad y que, ya en vigor, regrese al Congreso para hacerle las adecuaciones necesarias, que son muchas.
Los que quieren hacer historia juntos no parecían darse cuenta de que legalmente no puede entrar en vigor antes del primero de enero de 2019.
Tampoco que, si fuera el caso, no se bajarían en forma generalizada los salarios en lo inmediato. El presidente Peña no gana 108 mil pesos, sino 60 por ciento más.
El que más prisa tenía ayer para que se aprobara la rebasada iniciativa era el morenista Pablo Gómez. Él la hizo. Se quería colgar la medalla y llevarse el aplauso de los suyos.
Fue el más ovacionado por la mayoría de Morena.
“Estamos ante afanes protagónicos”, manifestó en tribuna la diputada del MC, Martha Tagle, la única que se animó a echarle bronca al emblemático diputado de izquierda.
El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, por cierto, votó dividido. Pero fueron más los que sufragaron a favor.
El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, hizo sentir su peso en la Cámara de Diputados sobre Dante Delgado, quien estaba en contra de la ley.
Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, nos contó que su homólogo de Morena, Mario Delgado, ya había aceptado en la Junta de Coordinación Política que la aprobación de la ley se aplazara dos semanas.
Pero Pablo protestó y Mario se echó para atrás. La obsoleta minuta —habla de DF, del IFE y, entre otras cosas, no incluye al Sistema Nacional Anticorrupción, pieza clave en una iniciativa como ésa— se aprobó en sus términos.
“Les dimos una ruta para construir, no para destruir. Lo hicieron mal y rápido”, puntualizó Romero Hicks.
La ley, aprobada en lo general con 433 votos de todos los partidos, va directamente al Ejecutivo para su promulgación.
Nadie puede no estar de acuerdo con la eliminación de privilegios, abusos y despilfarro. El hartazgo de la gente se manifestó en las urnas el pasado primero de julio.
PRI, PAN y PRD pagaron muy caro haber tolerado la corrupción en los gobiernos que encabezaron. Ni uno de los tres se salva.
Pero una cosa es acabar con los privilegios y otra pagar a los funcionarios salarios por debajo del marcado. Lo que se fomenta cuando pagas mal es la “ineptocracia”, como la llama el escritor francés Jean d’Ormesson.
Para nadie es un secreto que ante la perspectiva de que disminuyan su salario, los funcionarios mejor preparados miran ya hacia la iniciativa privada. Otros preparan amparos, buscan jubilaciones adelantadas, procuran asegurarse.
La citada ley, no hay que engañarse, elimina incentivos, fomenta la mediocridad y hasta la corrupción entre funcionarios de primer nivel que no puedan irse y que tienen fuertes compromisos: escuelas, seguros, hipotecas…
Los efectos de la mediocridad inducida los sentirá el gobierno de la Cuarta Transformación. No parecen entender el fondo de lo que alguna vez François Mitterrand reconoció: el talento debe ser recompensado. Información Excelsior.com.mx