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Por Eduardo Ruiz-Healy
Entre los grandes problemas del país están el desempleo y la informalidad laboral. Muchos tienden a olvidarlo porque cada trimestre la mayoría de los medios de comunicación se limitan a difundir la tasa de desocupación que obtiene el INEGI por medio de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN).
Por ejemplo, es muy probable que en esos medios hoy se reporte que, de acuerdo con el ENOEN difundido ayer, “para el trimestre julio-septiembre de 2021, la población desocupada se situó en 2.5 millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente fue de 4.2% de la PEA [población económicamente activa], tasa menor que la de 5.2% obtenida en igual periodo de un año antes”.
Y hasta ahí quedará la información y mucha gente dirá que el país va bien porque solo el 4.2% de la PEA no tiene trabajo.
Pero no olvidemos que no es lo mismo la tasa de desocupación que la tasa de desempleo. La primera nos dice qué porcentaje de la PEA no tiene trabajo, sea dentro o fuera de la economía formal; la segunda incluye solo a los que no tienen un empleo dentro de la economía formal. Porque no es lo mismo estar ocupado que estar empleado.
De acuerdo con la ENOEN del tercer trimestre del año en curso, 56.3% de la población ocupada laboraba en el sector informal, es decir, sin prestación alguna como pueden ser el IMSS o el INFONAVIT.
Si de por sí es grave el que poco más de 56 de cada 100 trabajadores estén en la informalidad, más grave aún es que en varios estados de la República sean aún más trabajadores.
La informalidad es superior al promedio de 56.3% en 14 estados (el porcentaje entre paréntesis): Oaxaca (80.7), Guerrero (78.2), Chiapas (78.0), Hidalgo (73.4), Tlaxcala (71.8), Veracruz (71.5),
Puebla (71.4), Morelos (67.2), Michoacán (64.3), Campeche (62.6), Tabasco (62.4), Zacatecas (62.0), Yucatán (61.0) y Nayarit (60.8).
La situación es menos grave, pero no por eso deja de ser muy preocupante en el resto de los estados del país, que en ningún caso registran tasas de informalidad inferiores al 36.0%. Así están en orden descendente: San Luis Potosí (57.5), Estado de México (57.0), Guanajuato (56.6), Durango (51.9), CDMX (49.3), Colima (49.3), Sinaloa (48.2), Jalisco (47.0), Quintana Roo (46.5), Tamaulipas (45.9), Querétaro (43.8), Sonora (41.1), Aguascalientes (40.8), Baja California (37.7), Chihuahua (37.4), Nuevo León (37.1), Baja California Sur (36.7) y Coahuila (36.0).
Diversos estudiosos de la materia, entre ellos Rafael La Porta y Andrei Shleifer (Informality and Development, Journal of Economic Perspectives 28 (3): 109-26, 2014), sostienen que “la informalidad condena a muchos trabajadores a ingresos bajos y precarios con mínima seguridad social, evita que los pobres tengan acceso a los préstamos e instrumentos de ahorro que tanto necesitan, y disminuye la prosperidad general de la sociedad al proliferar la ineficiencia económica”.
Yo añadiría que la informalidad también evita que los trabajadores tengan acceso a mayores niveles educativos que les permitan obtener los empleos mejor pagados que ofrece el mercado laboral. Al no existir en muchos lugares del país el personal calificado que las empresas requieren, éstas no invierten y la informalidad y la pobreza se perpetúan.
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