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Contrario al sello de austeridad que han impuesto los poderes Ejecutivo y legislativo estatal, el Poder Judicial del Estado plantea un proyecto de presupuesto para 2019 por un monto de 929 millones 140 mil 176 pesos, ya que, afirma, requiere de recursos humanos, infraestructura y elementos materiales.
Este año el Poder Judicial ejerce 540 millones 248 mil 22 pesos, y para 2019 solicita un incremento de 388 millones 892 mil 154 pesos, con lo que alcanzará los 929 millones 140 mil 176 pesos.
La instancia judicial dio a conocer ayer que dicho proyecto de presupuesto que envió al Poder Ejecutivo considera una partida de 224 millones 72 mil 84 pesos para el Tribunal Superior de Justicia; 685 millones 354 mil 41 pesos para el Consejo de la Judicatura y 19 millones 714 mil 51 pesos para el Tribunal de los Trabajadores.
El magistrado presidente del Poder Judicial, Marcos Celis Quintal, declaró que “para cumplir esos principios y políticas requerimos recursos humanos jurisdiccionales con capacidades excelentes y permanentemente actualizados en sus respectivas áreas de conocimiento, además es necesaria infraestructura y otros recursos materiales para prestar el servicio de impartición de justicia en condiciones óptimas en beneficio de los justiciables”.
En este contexto, consideró que la falta de un presupuesto adecuado provocará insuficiencia en la capacidad que tiene el Poder Judicial que podría derivar en el diferimiento de audiencias, afectando la oportunidad y aceleramiento de los procesos.
Recordó que este año, por efecto de reformas federales, el Poder Judicial estatal deberá atender todos los asuntos laborales, lo que requiere infraestructura, personal y equipos, además de que aumentarán los casos en materia mercantil, al integrarse otros al sistema oral.
Agregó que el hecho de que los sistemas familiares, penales y mercantiles sean orales exige a personal de los juzgados y tribunales más tiempo y capacitación del que destinaban en los sistemas anteriores, lo que sumado al crecimiento exponencial de la población, dijo, implica estadísticamente un aumento en los conflictos entre particulares que deben resolverse en tribunales, aumento que contrasta con la media de 2.9 jueces por cada 100 mil habitantes en Yucatán, por debajo de la media nacional. Información Milenio Novedades
