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Revisar el marco legal, mejorar las políticas públicas y hacer efectivos en sentencias los derechos de las personas mayores, es tarea de todos los órganos de gobierno, coincidieron expertos durante un coloquio titulado “Derechos Humanos de los Adultos Mayores” que se realizó esta mañana en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.
El coloquio, en el que participaron servidores públicos e investigadoras, fue moderado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Marcos Alejandro Celis Quintal, quien resaltó la importancia y refrendó el compromiso que el Poder Judicial tiene con la sociedad, particularmente con las personas mayores.
En su oportunidad, la magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega, quien es enlace de igualdad de género del Poder Judicial ante diversos organismos nacionales y fue la coordinadora del evento, expresó que las personas mayores tienen derecho a la igualdad, a no ser discriminadas en razón de su edad, así como el derecho a la salud, al trabajo y a la participación política.
Cortés Ortega también señaló que el maltrato físico, emocional y patrimonial ejercido en contra de este grupo vulnerable, en ocasiones pasa desapercibido, ya que en la mayoría de los casos es ejercido por algún familiar.
También señaló los tipos de violencia a los que se exponen las personas mayores como es el maltrato médico, sin embargo, recalcó que existen autoridades a las cuales acudir en caso de detectar algún tipo de maltrato.
El delegado estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de los Estados (ISSSTE), Luis Antonio Hevia Jiménez, reflexionó sobre la consolidación de las políticas públicas y dijo que debe estar encaminada a reforzar los programas de prevención y contar con servicios de salud más eficientes, por lo que el ISSSTE se moderniza con la finalidad de brindar un mejor servicio.
También señaló que las legislaciones que hoy se aplican se deben revisar para que no existan contradicciones entre la ley y las tradiciones, los usos y costumbres donde el Poder Legislativo debe escuchar a los impartidores de justicia y a quienes tiene experiencia documentada y crear o en su caso modificar las leyes.
Por su parte, la académica e investigadora, Gina Villagómez Valdez, dijo que en 2015 el 10.4 por ciento de la población total en Yucatán eran personas mayores de 60 años. Señaló que de acuerdo con su propia investigación el 45% de las personas de 65 años, el 25% de las personas de 70 años y el 15% de las personas que tiene 85 años siguen trabajando como empacadores, ayudantes de estacionamiento, cuidadores entre otros.
Afirmó que en Yucatán el 18% de los adultos mayores vive solo, en su mayoría mujeres, dado que, en nuestro estado, éstas viven de 4 a 5 años más que los hombres, tendencia que se mantiene desde 1950.
Por último, la investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán recomendó que debería crearse legislación e implantarse políticas públicas con perspectiva de vejez, ya que para 2030 el 30% de la población total del país serán personas mayores.
Por su parte, la también investigadora y académica de la Universidad Autónoma de Yucatán, Georgina Rosado y Rosado, expresó que la globalización, la pérdida del ejido colectivo y con él las actividades agrícolas, además de los fenómenos de migración, la influencia de los medios de comunicación y la movilidad de los jóvenes para adquirir trabajos lejanos a sus comunidades, son factores que explican el rompimiento de concepciones y prácticas en las familias mayas.
Rosado y Rosado recordó que en el área maya, las mujeres son sinónimo de sabiduría, de respeto y de integración gracias a su activa participación en las ceremonias y fiestas de la comunidad y son las administradoras naturales de los bienes de la familia, garantizando el bienestar de los niños y de las personas mayores.
Sin embargo, alertó, este papel ha ido cambiando y a la mujer maya mayor se le ha ido relegando.
Durante su participación, la directora del registro público de la propiedad y el comercio, Celia Maldonado Llanes, definió que el maltrato patrimonial y económico es todo tipo de explotación, aprovechamiento o despojo de los fondos de las personas mayores por acciones de terceros.
Señaló que el despojo patrimonial a las personas mayores tiene varias formas como son los préstamos de ahorros y pensiones que nunca les son pagados, la firma de escrituras de sus propiedades, la suplantación de identidades ante fedatarios y los engaños y amenazas.
Concluyó que este daño patrimonial en la mayoría de los casos el adulto mayor accede por sentimentalismo, presión o chantaje y que este es un delito escasamente castigado por lo que deben haber reformas a las leyes que garanticen que la persona mayor no actúe mediante alguna presión o chantaje.
En su intervención, la periodista Dorcas Arely Mijangos Cuj, dijo que los medios de comunicación juegan un papel fundamental para dar un trato digno a las personas mayores, por lo que no deben contribuir a desestimar la figura de sabiduría que poseen las personas mayores.
En el coloquio estuvio presente el representante del Gobernador Lic. Mitsuo Teyer, así como, las diputadas Verónica Camino Farjat y María Ester Alonzo.
Igualmente las magistradas Leticia del Socorro Cobá Magaña, Mygdalia Rodríguez Arcovedo e Ingrid Priego Cárdenas; las Consejeras de la Judicatura Sara Luisa Castro Almeida, Silvia Carolina Estrada Gamboa y Melba Méndez Fernández y el Consejero Luis Jorge Parra Arceo.
