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Por Francisco Garfias
Tuvo que tronar el cohete en Brasil y en México para que la PGR se pusiera las pilas en el Lozoyagate.
Los chicos de Raúl Cervantes no tuvieron más remedio que citar al exdirector de Pemex “en calidad de imputado”.
Se presentará a declarar el próximo jueves 17 de agosto, de acuerdo con su abogado, Javier Coello Trejo.
Lozoya fue señalado por tres exfuncionarios de alto nivel que trabajan en la siniestra empresa brasileña Odebrecht de haber recibido sobornos por 10.5 millones de dólares.
El exdirector de Pemex jura que no recibió un dólar y amenaza con demandar a sus acusadores.
Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva habrían conseguido, a cambio, jugosos contratos para modernizar, entre otras obras, la refinería de Tula, Hidalgo.
Un detalle que poco se ha mencionado. El pasado mes de abril, la PGR reservó por cinco años la información sobre los sobornos de Odebrecht a funcionarios mexicanos.
El anuncio sorprendió. Por ningún lado se justificaba la reserva de los nombres de los corruptos. No es el tipo de información que amenace la seguridad nacional.
El nombre del exdirector de Pemex ya se había mencionado hace semanas en la tribuna de la Permanente.
El Lozoyagate ya contaminó la próxima elección presidencial de 2018. Parte de los supuestos sobornos que Lozoya niega haber recibido habrían coincidido con el inicio y la culminación del proceso electoral de 2012.
Esas coincidencias de calendario y elecciones en 2012 bastaron a los sospechosistas para dar vuelo a las versiones de que ese dinero habría ido a parar a la campaña presidencial de Enrique Peña.
El vocero presidencial lo desmintió categóricamente y calificó las versiones de acto de mala fe, pero no fue suficiente.
La bola de nieve creció. La Fepade ya tomó cartas en el asunto.
El diario brasileño O Globo y la organización mexicana El Quinto Elemento Lab balconearon, simultáneamente, los supuestos sobornos a Lozoya que habrían ascendido, ese año electoral, a cuatro millones de dólares.
El monto nos hace pensar que esa cantidad no incide para nada en una campaña presidencial.
Alrededor de 40 millones de pesos —al tipo de cambio de entonces— no compensan los riesgos que se corren al aceptar sobornos de fuera en una campaña presidencial.
Más bien parece que enriquecieron a quien los recibió.
En un clima de optimismo moderado inicia hoy en Washington la primera ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El llamado TLCAN fue suscrito por México, Estados Unidos y Canadá a principios de la década de los noventa. Entró en vigor hace 23 años.
Del tema hablamos con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, antes de que abordara el avión que lo trasladó a Washington al frente de la delegación integrada por los presidentes de los distintos organismos empresariales.
Los empresarios se sienten optimistas frente a la renegociación del TLC que se inicia en Washington. Los anima el hecho de que sus “homólogos del otro lado”, con los que han sostenido contactos, han mostrado “interés”, nos dice Juan Pablo Castañón, en mantener el Tratado.
Se han reunido también con organizaciones empresariales canadienses.
Los empresarios mexicanos saben que la obsesión del presidente Donald Trump por eliminar el déficit comercial de 65 mil millones de dólares con México gravitará en la negociación que los más optimistas esperan que quede concluida en el primer bimestre de 2018.
La permanencia del Capítulo 19 —en el que se asienta el panel que resuelve las controversias comerciales— es una batalla conjunta que darán México y Canadá. Desaparecerlo facilitaría a Estados Unidos restringir importaciones mexicanas y canadienses.
Otawa dejó claro que, si ese capítulo se elimina, dejará el Tratado. El CCE, que encabeza Castañón, coincide en que el Capítulo 19 no se puede negociar. “Es eso o un mecanismo similar”, subrayó Castañón.
Para darnos cuenta de lo que está en juego, vamos a citar las cifras que mencionó ayer el senador Armando Ríos Piter en el Senado.
Entre 1994 y 2017 el TLCAN ha generado un flujo comercial para la región de más de 89 billones de dólares; inversión extranjera por cinco billones de dólares y ha generado más de 20 millones de empleos.
Crece la bronca derivada del amparo que América Móvil, empresa de Carlos Slim, interpuso con la intención de anular la llamada tarifa cero que prohíbe a un “agente preponderante” cobrar a sus competidores la tarifa de interconexión, mientras mantenga esa preponderancia.
Tiene una participación superior al 50% de todo el mercado en su conjunto.
La medida entró en vigor hace cuatro años con la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Congreso.
América Móvil argumenta que al aprobar el artículo sobre los “agentes preponderantes” el Congreso invadió facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
La controversia está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los competidores de América Móvil o Telcel han hecho llamados a los ministros para que ratifiquen la tarifa cero en beneficio del consumidor y la competencia.
Ernesto Nemer, extitular de la Profeco, llega a la presidencia del PRI en el Estado de México. Sustituye a Alejandra del Moral, quien formará parte del gabinete de Alfredo del Mazo.
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Información Excelsior.com.mx