POr Jorge Fernández Menéndez
El costo económico de la emergencia sanitaria es enorme. Estamos ante la mayor recesión de la historia contemporánea, mayor que la de 1929, con la enorme diferencia de que, en esta ocasión, ni el sistema financiero ni las cadenas productivas están rotas, destruidas. Es una suerte de coma inducido en la economía global que, como ocurre en la medicina, si se prolonga en el tiempo, termina ocasionando daños que pueden terminar siendo irreversibles.
Pensar en cómo reabrir la economía y cómo preservar las cadenas productivas es una prioridad que, sin abandonar las medidas sanitarias de precaución, no puede soslayarse.
El llamado plan de reactivación que dio a conocer ayer el presidente López Obrador es más un plan de austeridad gubernamental que algo parecido a un rescate económico. Yo no sé hasta qué punto se puede seguir reduciendo el gobierno federal sin terminar abandonando sus responsabilidades ni tampoco hasta qué punto un funcionario público estará motivado a trabajar con eficiencia y sin corromperse si sus salarios caen a niveles ridículos. Lo cierto es que, con el plan dado a conocer ayer, la inversión pública y estatal caerá aún mucho más que en el pasado inmediato, con la preservación de un puñado de proyectos, algunos importantes, otros que son muy discutibles, pero que, definitivamente, no pueden garantizar la creación de dos millones de empleos como prometió ayer, una vez más, el presidente López Obrador. Lo que sí es importante es el apoyo por 750 mil millones de pesos que dio, previo acuerdo con el gobierno federal, el Banco de México (Banxico) a los bancos para financiar créditos y apoyos.
En sólo un mes se han perdido unos 500 mil empleos y seguirán perdiéndose puestos de trabajo, porque no hay razón alguna para preservarlos. Se necesita un plan de reactivación económica mucho más amplio, mucho más ambicioso y que parte de un principio que parece no entenderse: sin inversión privada en todos los ámbitos, sin cadenas productivas activas, no habrá recuperación alguna. En ese sentido, hay sectores determinantes, como la energía, que deben abrirse desde una perspectiva muy diferente a la actual, hasta decisiones como la cancelación de la planta cervecera en Mexicali que deben reconsiderarse.
Pero todo esto pasa por la reapertura gradual, pero consistente, de la economía. Se podrá argumentar que hay países que mantienen desde hace semanas cerradas sus economías y a sus ciudadanos confinados y que se proponen prolongar esa situación. Es verdad, pero los casos más exitosos en la lucha contra la pandemia son los de las naciones que han tomado precauciones serias, sin un cierre absoluto de su economía. Los países nórdicos han sido ejemplares en ese sentido. Se puede argumentar que estamos en México, no somos suecos. Y también es verdad, pero precisamente por eso, porque estamos muy lejos del Estado de bienestar de Suecia, es que no se pueden establecer medidas tan drásticas de confinamiento social y económico, porque los costos de implementarlas son mayores en el largo plazo que las amplias medidas de prevención.
Con la mitad de la población en situación de pobreza, con una evidente precariedad de viviendas y servicios, con un sesenta por ciento de trabajadores en el sector informal, no se puede cerrar por completo ni la economía ni el país. El quedarse en casa está muy bien, y debe ser acatado por quienes podemos hacerlo, pero no se le puede reclamar a quien vive al día con un puesto callejero o realizando trabajos a domicilio o laborando en una pequeña empresa que, además, con una semana o dos sin operar se queda sin capital de respaldo para seguir prestando sus servicios. En esa lógica, casi todos los trabajos terminan siendo esenciales. Tampoco puede confinarse quien vive en un cuarto precario con toda su familia y en un contexto donde la violencia y los abusos crecen en la misma medida en que se prolonga el encierro.
Hoy, al comenzar la fase 3, por ejemplo, en algunos municipios se decretó hasta la prisión para quien salga a la calle; en otros, se establecieron multas para quien no lleve un tapabocas. Gobiernos locales deciden hasta si alguien puede entrar a su territorio o no. Es una locura. Incluso medidas bien intencionadas como la reducción del transporte o la movilidad en la Ciudad de México (donde Claudia Sheinbaum está haciendo un buen trabajo en la crisis sanitaria) serán contraproducentes. La gente que no se puede quedar en su casa, que necesita moverse o trabajar, estará más aglomerada y sufrirá mayores dificultades. Y son los más pobres.
Por supuesto que la crisis sanitaria es importante, pero no debemos olvidar que sufrimos también una gravísima crisis económica y de seguridad, de consecuencias imposibles de prever de seguir creciendo el desempleo. Y que estas medidas discrecionales están alimentando una crisis institucional cuyas derivaciones se pondrán de manifiesto, más temprano que tarde, en la misma medida en que las otras tres se vayan profundizando.Información Excelsor.com.mx