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Por: Francisco Garfias
Eliminar a todos los pluris no va a beneficiar electoralmente al PRI. Las encuestas nos adelantan que las elecciones federales de 2018 no le pintan bien al partido en el gobierno. Está en tercer lugar, detrás de Morena y del PAN.
La representación de mayoría pura no parece el mejor camino para el otrora partidazo. Hasta en el PRI saben que están en un bache histórico y que ese rechazo se puede reflejar en las urnas.
¿Cuál es el sentido entonces de hacer esa propuesta a la que otrora se opusieron con todo?
No hay duda de que una Reforma Constitucional para eliminar en forma inmediata y definitiva el financiamiento público a los partidos es una apuesta audaz, riesgosa y popular.
Pero veo difícil que se concrete. El mismísimo Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, nos dijo que tendrán que negociarla con los adversarios políticos.
Y es que el resto de los partidos que, como el tricolor, compiten en esa subasta de “quién da más” para aparecer como los más generosos frente a la tragedia de los sismos, simplemente no la quieren.
Hoy por hoy, nadie se atreve a decir no a la donación de las prerrogativas.
Pero no quieren cambiar el modelo de financiamiento público. Ir a unas elecciones sólo con recursos privados, como propone el tricolor, lo ven como un riesgo para la pluralidad y un camino abierto para que el dinero mande en las elecciones.
En cuanto a los pluris, sólo admiten que se reduzcan, pero no que se eliminen. “Sin representación proporcional jamás hubiese sido diputado Gilberto Rincón Gallardo”, ilustró la diputada del MC, Claudia Corichi.
Es cierto que la iniciativa recoge el sentir de la sociedad hacia los desprestigiados partidos y sus representantes en el Congreso, pero también es cierto que prescindir del financiamiento público abriría la puerta a un sistema electoral donde la lana manda.
Hablamos no sólo del dinero de los consorcios más poderosos o de empresarios pudientes, sino del dinero del crimen organizado que ya se infiltró en los procesos electorales locales.
Al poner esa iniciativa sobre la mesa, el PRI provocó nerviosismo entre sus adversarios políticos, en particular en la llamada “Chiquillada”.
Líderes de oposición consideran que hay una “trampa” en todo esto. De entrada tienen muy claro que les iría requeté mal a los partidos chicos: PES, PT, MC, Nueva Alianza.
Se quedarían sin representación en el Congreso y, en consecuencia, sin registro a nivel federal. Desaparecerían. “Adiós a la pluralidad”, sintetizó Anaya.
Dante Delgado, el mero mero del MC, dice que “algunos” quieren aprovechar esta tragedia para posicionarse políticamente. “El PRI, con un propósito de fanfarronear, plantea un ejercicio que no quiso llevar antes: la desaparición de los plurinominales”, puntualizó.
¿Qué son los pluris?
La representación proporcional es un principio establecido por la Constitución Política para elegir a 200 diputados federales mediante un sistema de cinco listas regionales en que se divide la República, y a 32 senadores de una única lista.
Este concepto aparece por primera ocasión en México con motivo de la Reforma Política de diciembre de 1977, promovida por don Jesús Reyes Heroles para el caso de los diputados y en agosto de 1996 para el caso de los senadores.
Ambas fueron diseñadas a fin de equilibrar un Congreso controlado por el PRI.
En este sistema cada partido político lista a 200 ciudadanos, que la cúpula palomea, para acceder a las diputaciones según este principio del que, dependiendo del número de votos que en total haya obtenido el partido a nivel nacional, tendrá derecho a una cantidad de diputados federales que proporcionalmente le corresponda según un complicado cálculo aritmético.
En el caso de los senadores, cada partido elabora su lista de 32 ciudadanos, uno por cada estado de la federación, para que una vez concluida la elección se asignen las senadurías mediante el mecanismo establecido en la ley reglamentaria.
Los líderes del Frente Ciudadano Mexicano aparecen juntos por todos lados. No han pasado la prueba de fuego que significa el reparto de las candidaturas, sobre todo la presidencial, pero actúan como uno solo en esta primerísima etapa del proceso electoral.
Juntos lograron que se echara para abajo al fiscal carnal. Juntos fueron al INE a entregar una carta para manifestar su intención de integrarse en un frente.
Juntos presentaron ayer esta iniciativa constitucional para donar, de inmediato, 100% de las prerrogativas de los partidos a un Fondo para la Reconstrucción, vigilado por una “contraloría ciudadana”.
Ricardo Anaya, del PAN; Alejandra Barrales, del PRD, y Dante Delgado, de MC, exigieron al gobierno que haga un esfuerzo para alcanzar una bolsa de 60 mil millones de pesos que se iría íntegra a la reconstrucción y ayuda a los damnificados de los sismos.
Piden que se reduzca en 50% las plazas de mandos altos y el personal por honorarios, aunque no nos dicen qué pasaría con los llamados empleados de confianza, que son muy numerosos. ¿A la calle?
Piden se supriman los seguros de gastos médicos mayores y que los burócratas de alto nivel, así como los legisladores, se atiendan en el ISSSTE. No quieren tampoco que se les den ni vehículos ni celulares.
Eso equivaldría a una bolsa de 40 mil millones para la reconstrucción que se completaría con los 18 mil millones que “donarían” los partidos para los damnificados.
Morena se fue más arriba en la cantidad a reunir. Rocío Nahle, coordinadora de los diputados de ese partido, dice que se necesitan por lo menos 302 mil millones de pesos para la reconstrucción.
Propone un decreto para Atender la Reconstrucción y la Emergencia Nacional Ocasionada por los Sismos de septiembre de 2017 y de Austeridad Republicana.
“Hoy, el presupuesto es de cinco billones de pesos. Estamos proponiendo que se destine para un Fondo de Reconstrucción 302 mil millones de pesos. No migajas, no pichicatería”, sentenció. Información Excelsior.com.mx