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Murió la reforma electoral. La última gran reforma sexenal de Andrés Manuel López Obrador fue sepultada por una oposición que ya le tomó la medida al presidente.
Ni las amenazas contra ‘Alito’ Moreno… ni las marchas de apoyo a la 4T sirvieron. En menos de un año, el titular del Ejecutivo sufrió uno de las mayores derrotas de su gobierno.
La reforma eléctrica… muerta. La reforma electoral… también.
Pero el presidente López Obrador no se quedó de brazos cruzados. Ante su inminente derrota, preparó un Plan B que está lejos de ser una reforma. Es una venganza política.
El documento parece más un panfleto incendiario que una iniciativa legislativa. En el fondo no propone nada, más que sabotear al árbitro electoral.
Claro, hay cosas que lucen ‘positivas’ en el Plan B de AMLO, pero no son nada revolucionarias ni realmente novedosas: como, por ejemplo, permitir el voto a personas con prisión preventiva, algo que ya estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con una sentencia en 2019.
Otros elementos a favor de la propuesta presidencial son impulsar el voto de los paisanos en el extranjero, la paridad de género y acabar con el absurdo financiamiento telegráfico que reciben los partidos (100 mil pesos… ¿para mandar telegramas en tiempos de WhatsApp?).
Pero esas medidas, aunque sea bueno plasmarlas en las leyes, son meros adornos para esconder los horrores del Plan B de AMLO. Un villancico para silenciar los gritos de una pesadilla.
Los peligros del Plan B de AMLO
Acabar con el Servicio Profesional Electoral es una de las mayores aberraciones del documento, además de que es inconstitucional. Al presidente se le olvida que el INE no son Lorenzo Córdova ni Ciro Murayama (los cuales, como todos servidores públicos, tienen errores, fallas y merecen ser escudriñados). El INE es una institución que pertenece a las y los mexicanos, donde trabajan cientos de personas para cuidar las elecciones, garantizar la seguridad del padrón electoral y emitir las credenciales para votar, que son la identificación más importante y segura que tenemos en el país.
También busca echar para abajo luchas históricas de la izquierda y del propio obradorismo. Las restricciones a la promoción de servidores públicos y la fiscalización de recursos, por ejemplo, fueron demandas tras las irregularidades de las elecciones del 2006 y del 2012.
Ahora Morena quiere tumbar esos avances bajo la lógica de: “yo quería esas reglas, ahora que llegué al poder ya no las quiero. El balón es mío y yo decido cómo jugar”.
Y lo hace de forma inconstitucional, porque, para lo anterior, el Plan B de AMLO propone relajar reglas que tocan directamente al Artículo 41 de la Constitución, que regula el buen uso de recursos públicos y el modelo de comunicación política, así como al Artículo 99 constitucional, que comprende la conformación del Tribunal Electoral, pues el proyecto aprobado contempla la eliminación de la Sala Regional Especializada de ese organismo.
Para los que no lo sepan, la Sala Regional Especializada es la encargada de sancionar, entre otras cosas, la promoción indebida de servidores púbicos.
A eso se suma la intención de comprimir al INE, quitarle recursos y desaparecer áreas bajo el argumento de la supuesta austeridad. Una cosa es bajarle el alto sueldo a los consejeros, que es algo que sí se tiene que discutir, y otra es pretender sabotear y dejar sin dinero al organismo electoral a menos de dos años del proceso electoral del 2024.
El Plan B de AMLO es un sabotaje institucional. Lo peor es que la oposición, en su pobredumbre, no tiene la altura moral para evitarlo. Información Radio Fórmula