Las barbas del vecino

Por: Pascal Beltrán del Rio

Hoy se vence el plazo de cinco días que el presidente español Mariano Rajoy dio al mandatario catalán Carles Puigdemont, para aclarar si en su discurso de la semana pasada ante el parlamento regional había declarado la independencia.

De la respuesta dependerá que Madrid ponga en marcha lo dispuesto por el artículo 155 de la Constitución de España, que autoriza al gobierno nacional, previo aval del Senado, a “adoptar las medidas necesarias” para obligar a una comunidad autónoma —en este caso Cataluña— a cumplir con las obligaciones previstas por la propia Constitución.

Sin embargo, es dudoso que la advertencia de activar el artículo 155 —cosa que nunca ha ocurrido en la historia de la democracia española— sea lo que quite el sueño al gobierno proindependentista de Cataluña. Lo verdaderamente preocupante para Puigdemont debe ser la reacción de las empresas al resultado del referéndum del 1 de octubre.

Y es que en unos cuantos días medio millar de empresas —entre ellas algunas tan importantes como los bancos Sabadell y CaixaBank— decidieron mover su sede de Barcelona a otras ciudades de España, lo que implica un duro revés para el separatismo.

Seguros de que la política y la economía marchaban por vías paralelas, los promotores de la independencia desoyeron las advertencias de los especialistas, que anticiparon que el triunfo del “sí” en el referéndum y, más aún, una declaración unilateral de independencia provocaría una reacción negativa por parte de las empresas, que votarían con los pies para escapar de la incertidumbre.

Uno de los argumentos que respaldaba la campaña por la independencia es que la región recuperaría de golpe los 16 mil millones de euros del déficit fiscal que, de acuerdo con los datos de la Generalitat, tiene Cataluña respecto del resto de España. Pero ya sea por ignorancia o irresponsabilidad, los separatistas jamás advirtieron a los ciudadanos de las consecuencias económicas que tendría votar por el “sí”.

Para fortuna de la región, el cambio de sede de las empresas no implica por ahora una fuga de capitales. El patrimonio de las mismas no ha salido de Cataluña. Pero sí es una clara advertencia de lo que podría pasar si la coalición gobernante —en la que no faltan los acelerados, como los de la CUP, que le exigen a Puigdemont que hoy responda a Rajoy que sí proclamó la república catalana— sigue adelante en sus afanes independentistas.

En ese caso, Cataluña no enfrentaría únicamente el aislamiento político internacional, pues muy pocos países lo reconocerían como país, sino se vería obligada a caer en suspensión de pagos. De pronto, su sistema de pensiones colapsaría; y no podría acceder al crédito en las condiciones que actualmente lo hace ni exportar con las ventajas arancelarias que tiene como parte de la Unión Europea.

La situación económica que ha enfrentado Cataluña desde el referéndum —aun sin haber declarado nítidamente la independencia— debiera poner a pensar no sólo a los separatistas sino a los populistas en general que venden a sus seguidores ideas que irremediablemente entran en choque con los mercados y la globalización.

Uno puede estar en desacuerdo con la manera en que funciona el capitalismo pero, si se quiere ser honesto, no se debe argumentar que las reglas de la economía no aplican a determinados pueblos.

Una cosa es cómo se quisiera que funcione el mundo y otra es cómo funciona en realidad.

Por desconocimiento o irresponsabilidad, regímenes y partidos populistas pretenden convencer a sus partidarios de que se puede repartir dinero que no existe o que no está en sus manos, pues puede volar fácilmente a un lugar donde sus verdaderos dueños encuentren mejores condiciones para multiplicarlo.

Ésa es una lección que deberemos tener en cuenta en México ahora que hemos entrado en una nueva temporada electoral para decidir en quién recae el Ejecutivo y cómo se compone el Congreso.

Para fortuna de los catalanes, el proceso puesto en marcha para independizar a la región aún no ha cruzado ninguna línea fatal.

Sin embargo, en México, en el que el proceso electoral es reconocido constitucionalmente —y, por tanto, no tiene reversa—, habrá que pensar muy bien por quién votamos.

Y eso implica que los electores exijan a los candidatos que demuestren la viabilidad práctica de sus propuestas y no dejarse seducir por la pura teoría, por muy bella que suene. Información Excelsior.com.mx