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Mérida, Yucatán a 17 de junio de 2023. – La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos contra el ciudadano M.M.M.A. por el delito de sustracción de menores, al no cumplir con lo ordenado por un Juez de los Familiar, quien había otorgado la guardia y custodia a la madre de los dos menores, por lo que en su momento se presentó la formal querella, la cual derivó en la causa penal 42/2023,
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación, tras formular la imputación del delito, expusieron los datos y elementos de prueba reunidos en la carpeta de investigación para solicitar la vinculación a proceso del acusado, quien se acogió a la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que el Juez Primero de Control estableció que la audiencia se reanude el próximo 20 de junio.
Con relación a los hechos, los especialistas de la Fiscalía, establecieron que el imputado y la denunciante contrajeron matrimonio y de esa unión procrearon a dos hijos; pero tras la separación de los involucrados, realizaron un convenio ante un Juez de lo Familiar, quien estableció que la custodia correspondería a la madre, mientras que el imputado dispondría de visitas y días para tenerlos con él, pero debiendo regresarlos en un plazo no mayor a dos días.
Cabe precisar que de acuerdo con la indagatoria realizada por especialistas de la Fiscalía, el imputado no cumplió con la condición de regresar a los menores en el plazo acordado, cuando en diciembre del 2022, recogió a los menores y no los regresó a casa con su madre sino hasta marzo con uso de la fuerza pública, por lo que fue presentado ante la Fiscalía para el desarrollo del proceso penal.
Por último, antes de finalizar la audiencia, los fiscales de litigación expusieron los argumentos para solicitar la imposición de medidas cautelares, por lo que el Juez de Control, tras considerarlo, estableció que el imputado deberá acudir a firmar periódicamente al Centro Estatal de Medidas Cautelares, tiene prohibido salir del Estado sin autorización judicial y estará sometido al cuidado y vigilancia del citado Centro por todo el tiempo que dure el proceso.
