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Por Pascal Beltrán del Rio
Además de su aparentemente inagotable capacidad de decir a sus audiencias lo que quieren escuchar, los tres candidatos presidenciales de coalición tienen algo más en común:
A los tres les gusta criticar el excesivo poder de la institución presidencial. Para ellos es la que es inmune a la rendición de cuentas (Meade), la que persigue penalmente a los opositores (Anaya) y la que amalgama con dinero público a los poderes fácticos (López Obrador).
Una revisión desapasionada de sus dichos nos obligaría a poner algunos asteriscos a esas interpretaciones, pero en general, estoy de acuerdo con ellas.
Como escribí ayer, creo que la Presidencia de la República es vestigio de un México que ya no existe, que tiene poca capacidad para resolver los principales problemas de los mexicanos, pero mucho poder para repartir canonjías.
Entonces, yo tomaría la palabra a los candidatos. Vayamos revisando la institución para convertirla en algo útil para los habitantes de este país, no sólo para los partidarios de quien gane la elección presidencial del 1 de julio, que serán, grosso modo, apenas un sexto de los ciudadanos.
¿Creemos que el Presidente no debe tener ningún tipo de fuero? ¿Creemos que, durante el tiempo de su encargo, el Ejecutivo federal tenga que responder penalmente por algo más de lo que actualmente ordena el artículo 108 constitucional, es decir, “traición a la patria y delitos graves del orden común” (signifique eso último lo que signifique)?
¿Creemos que el Presidente de la República no debe tener manera alguna, formal o informal, de incidir en las investigaciones que realice el Ministerio Público y ordenar que la procuración de justicia sea utilizada para inhibir las acciones de personas que los afectan personal o políticamente?
¿Queremos quitar al Ejecutivo el manejo discrecional del presupuesto, eliminar las áreas oscuras del gasto público, obligar al Presidente y a todos los funcionarios públicos a someter cualquier bien o servicio que requiera el gobierno a licitaciones y acabar con las asignaciones directas?
Si la respuesta a todas esas preguntas es sí, y si los tres candidatos presidenciales están de acuerdo en ello, entonces el momento de hacer algo al respecto es ahora, cuando el Congreso de la Unión todavía está en sesiones. Mejor aún, antes de que comiencen formalmente las campañas electorales, a finales de mes.
La pregunta es ¿qué esperan? ¿Qué más necesitarán Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade para influir (es un decir) en las bancadas de los partidos que los postulan a fin de que presenten iniciativas de ley para acabar con los aspectos perversos y disfuncionales de la Presidencia?
El problema es su doble discurso. Decir una cosa –para complacer el oído de quienes los escuchan– y pretender otra es uno de los mayores vicios de quienes aspiran a la Presidencia.
Quizá usted se pregunte cómo sé lo que pretenden. No tengo otro modo que atenerme a lo que escucho, pero no se requiere mucho más.
Por ejemplo, cuando Anaya dice que quiere una fiscalía autónoma, pero promete que meterá a la cárcel a Enrique Peña Nieto, incurre en contradicción.
Porque o Anaya impulsa una fiscalía autónoma o abusa del poder presidencial como dice él que hace Peña Nieto. No pueden ser ambas cosas.
Y si pretende decidir como Presidente qué investiga el Ministerio Público, entonces habrá que modificar el artículo 108 de la Constitución, pues con la redacción vigente es muy dudoso que el actual mandatario vaya a pisar la cárcel.
Otro ejemplo es cuando López Obrador dice que él no buscaría reelegirse porque no cree en la reelección. Si lo dijera alguien que no tiene menor oportunidad de ser Presidente, como yo, una opinión como esa no tendría problema. Pero alguien que sí tiene posibilidades, y muchas, no puede dar su parecer sobre la Constitución, sino debería comprometerse a acatarla.
López Obrador debió haber dicho lo siguiente: “La Constitución prohíbe la reelección. Además de que yo no creo en ella, si soy elegido no enviaré iniciativa alguna para cambiar esa restricción y si alguien lo hace, me pronunciaré en contra”.
Como le digo, los aspirantes presidenciales dicen cosas que no sostienen con hechos. Eso me lleva a concluir que no es el excesivo poder de la institución presidencial lo que les molesta, sino que ellos no lo tienen. Aún no. Información Excelsior.com.mx