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Por Jorge Fernández Menéndez
En el apresurado proceso de reconciliación que ha iniciado Andrés Manuel López Obrador con distintos sectores y grupos con los que estaba distanciado, persisten agujeros negros, sombras que el candidato de Morena debe disipar. Ya ha realizado una labor de acercamiento con empresarios, con medios, ha atemperado muchas de sus opiniones, pero tiene un gran pendiente: su relación con las Fuerzas Armadas. Y no es, precisamente, un tema menor: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de México son tres de las más sólidas instituciones del país, sin las cuales, sencillamente, no se puede gobernar.
Su influencia es decisiva en todos los ámbitos, no sólo en la seguridad pública, interior y nacional, sino en la propia seguridad y asistencia social, e incluso para muchos y diversos capítulos económicos. El Ejército, en particular, y las tres armadas en general, son las únicas instituciones que tienen realmente una cubertura nacional, en todos y cada uno de los rincones del país, hasta los más recónditos. Son instrumentos imprescindibles de la gobernabilidad.
El enfrentamiento que ha tenido López Obrador con las Fuerzas Armadas es insensato para alguien que tiene posibilidades serias de ser Presidente de la República. Ha llegado a límites irrespetuosos, insultando a los mandos de la Sedena y la Marina, ha ordenado a sus diputados no respetar en el Congreso un minuto de silencio propuesto por la muerte de militares caídos en una emboscada en Sinaloa, ha dicho que los militares masacran a la población civil. Lo cierto es que nunca los titulares de la Sedena o de la Marina se han referido públicamente a López Obrador, nunca soldados o marinos han obstaculizado su campaña. Es ofensivo para las instituciones y para las familias de los soldados caídos, asesinados por delincuentes, que no se le ofrezca el debido respeto por su sacrificio. Las Fuerzas Armadas no masacran a la población civil y la que libran contra el crimen organizado no es una lucha, como ha dicho Andrés Manuel, “del pueblo contra el pueblo”: es una lucha del Estado y la sociedad mexicana contra delincuentes que matan, secuestran, extorsionan, torturan, violan, desaparecen ciudadanos. Si no se tiene claridad sobre eso a la hora de gobernar, no se entiende lo básico de la función de gobierno.
Hay propuestas de López Obrador en torno a las Fuerzas Armadas y la seguridad presidencial que no tienen sentido. Por ejemplo, vender el avión presidencial (que en realidad es parte de la flota del Estado Mayor Presidencial). No es un lujo, es una necesidad. Ningún mandatario se mueve en vuelos comerciales, tanto por seguridad (suya y de los pasajeros) como por una eficiencia gubernamental mínima. Ha dicho, por ejemplo, que ese avión no lo tiene ni siquiera el presidente de EU.
Y no, los del presidente estadunidense, se llame Trump u Obama, son siempre, por lo menos, dos (acaban de encargar la construcción de dos nuevos con un costo de mil 800 millones de dólares) con capacidad de volar varios días, ya que se puede abastecer en el aire, su fuselaje soporta ataques de misiles, tiene una cocina con capacidad para alimentar 300 personas en vuelo, consta de 85 teléfonos satelitales, radares y cámaras especiales para detectar objetos a una altura de 29 mil pies, armas de defensa y es un centro de comando móvil desde el cual el Presidente puede literalmente gobernar el país.
El avión presidencial, el TP 01, ni remotamente tiene esas posibilidades (ni tampoco ese costo: vale 250 millones de dólares, casi la décima parte del avión presidencial de Estados Unidos), pero es un instrumento imprescindible para la gobernabilidad. No hablemos del resto de la flota de aviones y helicópteros. Esa flota es la única disponible para atender situaciones de emergencia: se usa en inundaciones, terremotos, incendios, transporta heridos, enfermos, alimentos en situaciones de crisis.
¿Qué otro despliegue de ese tipo, que no fuera militar, pudo ver Andrés Manuel López Obrador en los terremotos de septiembre pasado por ejemplo? ¿se imaginan qué hubiera pasado si el Estado mexicano no hubiera contado con esa flota de helicópteros y aviones? Venderlos, deshacerse de ellos por una falsa austeridad sería criminal.
No puede deshacerse de la base militar de Santa Lucía, la base aérea más importante del país, para hacer un aeropuerto que, además, no tendrían las condiciones de seguridad elementales que requiere la aviación comercial internacional. Con un punto adicional: nadie del equipo de Andrés Manuel ha visitado jamás Santa Lucía para conocer esa base y lo que implica para la seguridad nacional. Es, simplemente, una mala ocurrencia.
Tampoco se puede, como se ha dicho, establecer una guardia nacional donde en una mezcla extraña estén el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y las policías. Es romper el orden institucional y las normas de eficiencia mínima que requiere un país de sus Fuerzas Armadas. Ni mucho menos desaparecer el Estado Mayor Presidencial. No tiene sentido.
Andrés Manuel López Obrador ha dado muestras de acercamiento con muchos sectores de los que estaba distanciado. No lo ha hecho con las Fuerzas Armadas: es el paso más importante que le falta dar. Si llega a gobernar México no podrá hacerlo sin militares, pilotos y marinos. Información Excelsior.com.mx