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Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Edomex y Chiapas acumulan observaciones por más de 11,000 mdp, principalmente por malos manejos en los sectores salud y educación. Esto es lo que detectó la Auditoría.
En su último año en Veracruz, el gobierno de Javier Duarte dejó anomalías por 3,192.1 millones de pesos (mdp).
De esto, 1,399.3 mdp corresponden a pagos no autorizados a personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación estatal, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Cuatro pagos son de periodos en los que Duarte aún estaba al frente del gobierno, y dos más, de periodos en los que ya había asumido la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
“El estado invirtió 1,399,398.8 miles de pesos (62.0% de lo asignado) que no cumplieron con los objetivos del fondo, en virtud de que se destinó para el pago de nómina administrativa y docente de la Secretaría de Educación del estado y no cumplió con las condiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal”, dice el dictamen de la auditoría 1665, donde además hay observaciones por otros 410.4 mdp.
Otra anomalía detectada corresponde al pago de 753.9 mdp del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) a cuentas bancarias ajenas, por parte de la Secretaría de Finanzas y de Planeación (Sefiplan).
Según la auditoría 1671, a Veracruz se le asignaron 5,728.5 mdp del FASSA, de los cuales la dependencia estatal únicamente destinó 4,932.5 mdp a salud. El monto restante y los intereses derivados fueron depositados en otras cuentas, sin que hasta la fecha se hayan restituido a la Tesorería de la Federación.
Las transferencias se dieron entre el 26 de abril de 2016, todavía con Duarte, y el 25 de noviembre de ese mismo año, bajo la gestión del entonces gobernador interino, Flavino Ríos.
Una observación más, contenida en la auditoría 1662, es sobre un posible daño al erario por 316 mdp correspondientes a recursos de Prospera, de los cuales no se acreditó el gasto ni su transferencia al Régimen Estatal de Protección Social (REPSS).
En esa misma revisión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el estado incumplió con obligaciones de transparencia en relación con Prospera, debido a que no envió los informes pertinentes a la Secretaría de Hacienda o a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, “lo cual limitó al gobierno del estado para conocer sus debilidades y áreas de mejora”. Información expansion
