CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) –
El combustible robado a Pemex por los ‘huachicoleros’ termina también en manos de las empresas. Una asociación de transportistas acaba de admitir que sus agremiados compran esta gasolina y diésel.
“Es más barato. El litro de diésel lo venden en 10 pesos y en la gasolinera a 17 pesos, además que ahí también se lo compran a los huachicoleros”, señaló Rafael Ortíz, presidente de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac), que cuenta con 83,000 afiliados en el país.
El representante del sector señaló que no son la única organización de transportistas que lo hace, pero sí la única que lo admite. “Basta ver cómo se paran los camiones en las carreteras, ahí están los de las otras asociaciones”, asegura.
El robo de combustible se registra principalmente en las carreteras de Puebla, Veracruz y San Luis Potosí.
“Nosotros lo consumimos porque nos es conveniente, pero no lo robamos. Sí merecemos un castigo adelante, pero no somos los únicos. También se debe investigar a las gasolineras”, acusó.
La Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) no respondió a la petición de Expansión para hablar del tema. En una rueda de prensa realizada hace unos meses, José Ángel García Elizondo, presidente saliente de Onexpo, habló sobre las irregularidades que presentan las gasolineras de estados como Veracruz, Puebla, Guanajuato y Tamaulipas, y dijo que han visto reducidas sus ventas entre el 5% y el 50%, tanto por el comercio ilegal de combustible como por el alza en los precios que se dio desde inicios de año.
Las empresas más afectadas están en las zonas donde se han detectado más robos y tomas clandestinas a los ductos de Pemex, detalló el representante gremial.
Cárcel al comprador
El transportista que compra diésel robado comete un ilícito y las autoridades deben meterlo a la cárcel, coinciden las organizaciones de transportistas.
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“Si alguien aceptó que incurrió en un ílicito, como la compra de combustible robado, debe estar en la cárcel”, señaló Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
Además, implica un doble delito: por un lado, obtiene un producto robado, y por otra parte evita el pago del impuesto por la compra del producto, resaltó Leonardo Gómez, director general de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), que agrupa a 120 de las principales empresas productoras del país.