Los empresarios y las elecciones

Por Pascal Beltrán del Rio

Ayer, mediante un desplegado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) fijó con nitidez su postura sobre los próximos comicios y se dirigió a los partidos y candidatos que competirán en ellos.

“El futuro de México debe enfrentarse con propuestas claras y realizables, no sólo con buenas intenciones”, estableció el sector privado.

“Quienes piden el voto ciudadano deben explicar con claridad y detalle cómo piensan materializar sus propuestas”.

Es verdad que las campañas no han comenzado formalmente –lo harán el viernes 30 de marzo y es sólo a partir de entonces que partidos y candidatos pueden hacer sus ofrecimientos a los electores en busca del voto–, pero los empresarios hacen bien en señalar que hace falta escuchar propuestas, porque lo que ha abundado en las precampañas y el periodo de intercampañas son las ofensas, los chascarrillos y las evidentes ganas de confundir a los ciudadanos sobre lo que representan los aspirantes y las siglas bajo las cuales van a contender.

De entrada, el popurrí ideológico que está presente en las tres coaliciones de partidos que participarán en la elección presidencial hace imposible saber cuáles son las verdaderas intenciones de quienes buscan el poder.

¿Respetarán, como pide el CCE, el modelo de economía de mercado con responsabilidad social, o se dejarán seducir por el populismo que se aprovecha de la miseria de millones de mexicanos para convertir a los pobres en peones de su maquinaria política?

Es difícil saberlo porque, hasta ahora, ninguna de las coaliciones ha querido revelar en qué consistiría su política económica. O, mejor dicho, han mandado señales contradictorias respecto de cómo piensan fomentar el crecimiento del país y, en particular, la creación de empleos.

Vivimos tiempos en que el modelo de economía abierta y competitiva globalmente –el que mayores oportunidades de desarrollo ha generado– está bajo asedio de las visiones proteccionistas.

Se ha querido culpar a ese modelo de muchos males, como la pobreza y la depredación del planeta. Pero basta ver lo que está ocurriendo en nuestro propio país para desbaratar ese discurso.

¿Cuáles son las zonas que mayor crecimiento económico están logrando?

Es evidente que son aquéllas donde mejor funciona el modelo de economía abierta, con mayores condiciones de competitividad y respeto al Estado de derecho, y donde existe una mejor integración de los sectores educativo y productivo: el norte, el occidente y el Bajío, principalmente.

Aunque los críticos del modelo de economía abierta y globalmente competitiva dirán que México es la meca del “neoliberalismo”, si se es objetivo se pueden encontrar casos de países que representan mejor eso que ellos desdeñan o desprecian y que, partiendo del subdesarrollo, han sido más exitosos que nuestro país en cuanto al crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Sin duda, Corea del Sur y Singapur están en esa lista.

Lo anterior no significa negar los problemas que tiene México, tanto en su economía como en otros rubros. Pero a mí me parece que, en muchos casos, éstos derivan más de una deficiente o limitada aplicación de los principios de la economía de mercado, incluido el respeto al Estado de derecho.

Por ejemplo, ha sido el menosprecio desdén por el imperio de la ley lo que ha provocado la corrupción. Y la corrupción tiene un efecto negativo sobre la competitividad, uno de los pilares de una economía abierta.

Es decir, la ausencia del Estado de derecho permite la corrupción y ésta da al traste con las ventajas que representa la economía de mercado. Asimismo, la deficiente o nula aplicación de las leyes es una de las causas principales de la violencia vandálica y el robo que también afectan la capacidad emprendedora.

Dicho eso, el Estado debe ser un regulador que fomente el buen entorno de negocios para que las empresas –no el Estado– generen empleos y para garantizar el acceso equitativo al mercado, es decir, lograr que todos tengan las mismas oportunidades de aprovechar sus ventajas.

Pero el Estado tampoco puede dejar a su suerte a los habitantes que, por variadas circunstancias, estén en desventaja de oportunidades de desarrollo frente a otros. Para eso deben servir los programas sociales, que idealmente funcionan de manera temporal y con metas específicas. Ya hemos visto la inutilidad y el desperdicio de recursos públicos que significan los programas generalizados, infinitos y sin metas.

Por último, secundo el llamado del CCE para que partidos y candidatos digan sin ambages suscriben las premisas de la economía de mercado con responsabilidad social, abierta y globalmente competitiva, o están a favor de algún otro modelo. Información Excelsior.com.mx