Los expresidentes

Por. Yuriria Sierra

Que su condena es más bien un acto político que no mermará sus aspiraciones de convertirse, otra vez, en Presidente de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio de prisión, acusado de corrupción y lavado de dinero. El sueño de una izquierda latinoamericana que parecía tomar nuevos bríos, se desdibujó cuando la figura de Lula se manchó con la sospecha de que, sí, también en esa nueva izquierda, el gen de la corrupción corre por sus venas. Y si el caso de Lula fue una pésima señal, el sueño terminó por esfumarse cuando llegaron las investigaciones, primero de Dilma Rousseff, quien debió salir de la Presidencia, y luego de Michel Temer, quien llegó a reemplazarla. Ambos son investigados por el caso de corrupción de la empresa Odebrecht, uno de los más escandalosos por la cantidad de sobornos que repartieron a diestra y siniestra a funcionarios de varios países del mundo. De esta triada de presidentes brasileños, Lula es el único con una condena que, dice, apelará ante instancias internacionales, como la ONU. En caso de ganar, lo veríamos compitiendo en la elección presidencial del próximo año en Brasil. Y esta epidemia de expresidentes latinoamericanos perseguidos por la justicia se extiende a más países:

ARGENTINA. Cristina Fernández de Kirchner es acusada de 22 cargos de corrupción. Carlos Menem, está condenado a siete años de prisión por contrabando de material bélico, pero la pena comenzará a cumplirse hasta diciembre, cuando termine su periodo como senador y pierda el fuero constitucional.

PERÚ. Alberto Fujimori está condenado a 25 años de prisión, por cinco delitos: usurpación de funciones, homicidio calificado, secuestro, peculado y corrupción. Una corte rechazó su solicitud de excarcelación, por lo que seguirá tras las rejas; su familia buscaba indulto por motivos de salud. Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, sus sucesores, fueron todos acusados de corrupción. Toledo fue sentenciado a 18 meses de prisión preventiva en el mes de abril, pero se dio a la fuga; nadie sabe dónde está. García no pisó la cárcel y Ollanta Humala es también parte de la investigación por corrupción ligada al caso Odebrecht, como sus homólogos brasileños.

NICARAGUA. Arnoldo Alemán fue condenado a 20 años de prisión en 2003, acusado de lavado de dinero, fraude y malversación de fondos. Pero en 2009 la Suprema Corte de su país lo absolvió. Su sucesor, Enrique Bolaños, fue investigado por malversación de fondos del erario público.

COSTA RICA. Miguel Ángel Rodríguez fue condenado a cinco años de prisión por corrupción. Apeló la sentencia y logró la absolución en 2016.

GUATEMALA. Alfonso Portillo recibió condena de 70 meses de cárcel en Estados Unidos, por cargos de lavado de dinero, pero su defensa logró que contaran los cuatro años que estuvo preso en Guatemala y hoy goza de total libertad. Otto Pérez Molina se encuentra actualmente en prisión preventiva en la Prisión de Matamoros (ahí donde todavía se encuentra Javier Duarte), por su participación en una red de defraudación aduanera.

EL SALVADOR. Francisco Flores era investigado por el desvío de 15 millones de dólares donados por el gobierno taiwanés para familias damnificadas por los terremotos de 2001, y que habrían terminado en la campaña presidencial de Arena (su partido) del año siguiente, pero falleció el año pasado. Antonio Saca y Mauricio Funes, también expresidentes de El Salvador entre 2004 y 2014, son investigados por enriquecimiento ilícito.

MÉXICO. Y bueno, en nuestro país, sólo Luis Echeverría: el único expresidente procesado. Él, por los hechos del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. Y aunque prácticamente vive (sí, todavía vive, aunque usted no lo crea) encerrado en su casa de San Jerónimo, fue finalmente absuelto de todo cargo.

Me decía hace un par de noches Gabriel Guerra Castellanos en Ya Cierra en Imagen Radio que estaremos condenados a repetir estos errores (de llevar a este tipo de personajes a la Presidencia), mientras no aprendamos a aplicar castigos reales que nos libren de la impunidad. Que el riesgo que corran los políticos al corromperse sea real y existan en el horizonte sus posibles consecuencias. Y es que, de otro modo (y más en tiempos de las redes sociales, en los que ninguno escapa de los escándalos que los envuelven), estarán únicamente echando gasolina permanente a la indignación, la ira, el desprecio y la desesperación de las sociedades a las que dicen gobernar. Información Excelsior.com.mx