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Por Francisco Garfias
Si hay algo que camina en estos tiempos de la 4ª transformación es la relación entre Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores del PRI y del PAN.
Quedó superado el malentendido que surgió del nombramiento de los supercoordinadores de Morena, en lugar de los delegados federales.
Las facultades que supuestamente les atribuían a los delegados estatales de Morena, en cuanto al manejo de recursos, hizo que los llamaran “procónsules”.
Los mandatarios estatales se alebrestaron con la versión. Temían que desde el centro les quisieran imponer “gobernadores alternos”.·
Pero en los acercamientos que ha tenido con los gobernadores del PRI y del PAN, en el seno de la Conago, AMLO ha dejado en claro que la distribución de los recursos se hará conforme mandata la Ley de Coordinación Fiscal, según el panista Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro.
Es decir, que los mandatarios estatales decidirán sobre la aplicación de los recursos federales que les corresponden.
De este modo, los coordinadores de Morena, algunos de los cuales ya se comportaban como candidatos a la gubernatura, no quedarán facultados para manejar los recursos federales. Ni siquiera podrán licitar.
La aclaración de López Obrador sobre los superdelegados estatales ha logrado que los gobernadores se acerquen al Presidente electo y lo vean hasta con simpatía.
El compromiso de que se respetará la actual Ley de Coordinación Fiscal se produjo luego de que gobernadores del norte se rebelaran en privado —El Bronco lo hizo en público —contra la idea de los supercoordinadores.
Ya encarrerados, pedían, en corto, una revisión de la citada Ley de Coordinación Fiscal. Proponían, incluso, que el gobierno central se quede sólo con el 70% del recurso federal, en lugar del 80% que recibe actualmente.
Los recursos para los estados subirían del 15 al 20% y del 5 al 10% para los municipios.
La “gira de agradecimiento” que AMLO realiza por todo el país ha devuelto la confianza a los mandatarios estatales que, hoy por hoy, están lejos de querer convertirse en punta de lanza del antiobradorismo. “No le queremos hacer contrapeso al Presidente electo. No queremos abrir esa caja de Pandora. Deseamos que le vaya bien, porque si le va bien a él, les va bien a los estados”, subrayó Domínguez.
El también presidente de la Comisión de Hacienda de la Conago dijo que lo único que piden los gobernadores es que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se les compense la inflación.
En Querétaro, por cierto, podría establecerse el mayor aeropuerto de carga en todo el país.
El propio Pancho Domínguez reveló que durante su visita de agradecimiento, López Obrador le preguntó si el estado tiene capacidad de recibir la carga que actualmente tiene el Aeropuerto de la Ciudad de México. Según Domínguez, la intención del Presidente electo es dejar el Benito Juárez únicamente como aeropuerto de pasajeros.
El mandatario estatal, obvio, le dijo que sí. Presumió incluso que el aeropuerto de Querétaro es el único con capacidad de recibir el Airbus 380 y el Antonov 124-100. Este último tiene una capacidad de carga de 120 toneladas.
A cambio, le pidió construir una vialidad que conecte la carretera que va del aeropuerto a la vía del ferrocarril, y un libramiento de San Juan del Río al aeropuerto de Querétaro, para que la carga por carretera pueda tener salida.
Le planteó también ampliar a seis u ocho carriles la carretera que va de la ciudad de Querétaro a la caseta de Celaya “que está muy mal”. La propuesta “le gustó” al Presidente electo, aseguró el panista de Querétaro.
Nos escribió Martha Tagle para tratar “un tema muy delicado”: el retiro de recursos al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La diputada de Movimiento Ciudadano recordó que durante la comparecencia del secretario de Hacienda en San Lázaro, la semana pasada, lo cuestionó sobre el tema.
“Dijo que no sabía del tema, pero que, si había suficiencia presupuestaria, lo atendería”, puntualizó.
Actualmente hay 727 personas bajo protección del mecanismo, según la CNDH. Tagle no quiere que el compromiso de González Anaya, de atender la falta de recursos para protección de defensores de derechos humanos y periodistas, quede sólo en el discurso.
Regidores del municipio de Cholula, Puebla, denunciaron al diputado local del MC, Juan José Espinosa, por “conflicto de intereses”. En un oficio dirigido a los diputados del congreso del estado, denuncian que el citado legislador, alcalde con licencia de Cholula, preside la comisión inspectora del Congreso local, donde tiene mayoría.
La bronca es que esa comisión revisará la cuenta pública 2015 del entonces alcalde del citado municipio.
“El mencionado expresidente municipal de San Pedro Cholula, Puebla, nunca nos explicaba los estados financieros y luego sólo aparecieron firmados y aprobados.
“Pero ahora tenemos temor de que no se apliquen las disposiciones relativas a la fiscalización y rendición de cuentas, ya que, a pesar de estar pendiente su cuenta pública 2015, ahora ha sido nombrado presidente de la Comisión Inspectora del Congreso”, puntualiza el oficio.
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Información Excelsior.com.mx