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Al menos entre 2006 y 2011 el Cártel del Golfo y Los Zetas hallaron una actividad que les proporcionaba casi tantas ganancias como el tráfico de drogas: robar gas de la Cuenca de Burgos, cruzarlo por la frontera y vendérselo a empresas legales texanas. Esa vertiente delincuencial fue descubierta (y posiblemente anulada) por la estadunidense Operación Reckoning, la que –en opinión de especialistas–, además de combatir el narcotráfico, puso al descubierto la colusión de directivos y trabajadores de Pemex con la mafia tamaulipeca. La paraestatal demandó entonces a 24 de esas compañías, con magros resultados.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El robo de combustible adquirió una dimensión internacional entre 2006 y 2011, cuando el Cártel del Golfo y Los Zetas robaron condensado de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en contubernio con empleados de la petrolera, sus contratistas y empleados aduanales, para exportarlo a Texas.
Ante ello, Pemex Exploración y Producción (PEP), filial de la ahora empresa productiva del Estado, entabló tres demandas ante la Corte del Distrito Sur de Texas contra 24 empresas y seis individuos acusados de apropiación indebida proveniente del uso de propiedad robada, enriquecimiento ilegal, recepción de dinero ilícito, conspiración civil para cometer un delito y violaciones de las leyes de Responsabilidad por Robo –de Texas– y la de Organizaciones Corruptas e Influidas por la Mafia.
Pero ese intento por recuperar más de 300 millones de dólares de grandes conglomerados –como BASF Corporation, Shell, Marathon Petroleum y ConocoPhillips– falló, pues Pemex apenas recobró unos ocho millones.
El 10 de junio de 2010 PEP interpuso la querella 4:2010cv01997, el 29 de mayo de 2011 el legajo 4:2011cv02019 y el 10 de abril de 2012 el expediente 4:2012cv01081.
En esos documentos –consultados por Proceso– la empresa relató las operaciones efectuadas por los acusados, la mecánica de la rapacería y los daños económicos padecidos.
En el periodo aludido, PEP operaba unos 2 mil 800 pozos de gas en el Activo Integral Burgos –que se extiende por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas–, cuyos hidrocarburos fluyen a unas 150 estaciones de recolección y de las cuales los ductos parten hacia tanques en uno de los 52 sistemas de distribución de la filial de Pemex.
De ese ramal, la subsidiaria traslada el material, vía tendidos o carrotanques, a una terminal de almacenamiento en Reynosa, Tamaulipas.
El expediente 4:2012cv01081 describe que los miembros de los cárteles hurtaban el condensado de los sistemas de distribución, secuestraban los transportes de PEP e incluso construyeron túneles y sus propios ductos para sustraer el hidrocarburo.
Los importadores estadunidenses adquirían el condensado y enviaban a México camiones cargados con agua pero rotulados como si fuera gasolina. Al trasponer la frontera los vaciaban y los rellenaban con el hidrocarburo robado.
Los exportadores falsificaban documentos de Pemex y hacían pasar la carga como si fuera de solventes, combustible o cualquier otro hidrocarburo y que terminaba en las localidades texanas de Rio Grande, George West, Ingleside, San Antonio, Houston y Port Arthur.
En los expedientes, PEP argumentó que la mayoría de los acusados estaba consciente de que vendía un producto saqueado.
El condensado es un subproducto de la extracción de gas natural, fácil de refinar y consumido como materia prima para derivados de petróleo y, por lo tanto, muy demandado.
Retraso negligente
Pese a que PEP sabía que su material estaba siendo robado aproximadamente desde 2006, el 7 de junio de 2010 presentó la primera demanda civil 4:10-cv-1997 contra 13 empresas e individuos.
El 29 de mayo de 2011 PEP entabló la segunda querella civil 4:2011cv2019 contra 13 compañías y personas. El 4 de octubre de 2011 la Corte consolidó ambos casos.
El 10 de abril de 2012 la paraestatal intentó agregar a otras seis empresas al proceso con la demanda civil 4:2012cv01081. Pero el juez Simeon Lake emitió el 11 de febrero de 2013 una opinión jurada y una orden de descargo en oposición a esa ampliación y a favor de siete empresas acusadas.
El 17 de septiembre de 2008, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Michael Mukasey, anunció la detención de 175 personas en esa nación, Italia y México, dentro de la llamada Operación Reckoning, enderezada contra el Cártel del Golfo y la ‘Ndrangheta, mafia que era su socia en la distribución de drogas en Italia.
Esa intervención trilateral aportó evidencias a Pemex para actuar legalmente. Entre los detenidos estaba Luis Ariel Rivera Rodríguez, Whiskey 2, quien se convertiría en testigo protegido. El caso 4:08-cr-00620, abierto el 10 de septiembre de 2008 ante la Corte del Distrito Sur de Texas, indica que los cárteles exportaban desde 2006 condensado robado en México.
El 26 de mayo de 2009, Tim Johnson, fiscal interino de Texas, solicitó el retiro de la acusación de lavado de dinero –presumiblemente por la colaboración de Rivera en la investigación–, que concedió la juez Melinda Harmon.
El 23 de febrero de 2007 Rivera se había declarado culpable de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, según el legajo 8:06-CR-195-T-24TGW, consultado por este reportero.
El 17 de noviembre de 2016, el portal Animal Político publicó que en junio de 2007 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó al gobierno mexicano acerca del tráfico de hidrocarburos robados a PEP hacia Estados Unidos.
El expediente 4:2012cv01081 indica que el ICE y el Departamento de Seguridad Interior habían estado investigando el transporte y venta de ese condensado en territorio estadunidense.
El 23 de mayo de 2007 la juez Susan C. Bucklew, de la Corte del Distrito Medio de Florida, condenó a Rivera a 11 años de prisión y otros cinco en libertad condicional, y el 16 de enero de 2013 desestimó su apelación por haber transcurrido más de un año desde que su sentencia quedó firme y por lo cual venció el plazo para presentarla, según el expediente 13-10553.
El retraso en la presentación de las demandas, que suman más de 700 archivos, provocó que fuese imposible la persecución legal de varios de los implicados.
Para Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la Escuela Schar de Política y Gobierno, de la Universidad George Mason, fue el asalto de Los Zetas el que cambió la faz del huachicoleo, con la exportación ilícita a EU dentro de una estrategia de diversificación de actividades criminales.
“En 2007 extraditan a Osiel Cárdenas (capo del Cártel del Golfo) y pierde el control. Los Zetas se independizan y ahí se agudiza el robo de combustible en Burgos. Empiezan con condensado de gas que termina en Texas. Usaban esquemas de corrupción bien ajustados”, explica a Proceso la autora del libro Los Zetas Inc. (2017).
En su libro, Correa-Cabrera indica que “La Compañía”, como también se le conoce, ha estado infiltrando a Pemex para diversificar sus fuentes de ingreso. Incluso el tráfico de grandes cantidades de hidrocarburos ha surgido como una de las principales, más que el secuestro de migrantes y casi tanto como el narcotráfico.
Relata también que en 2010 bandas criminales tomaron el control del pozo Gigante-1, que produce gas natural y se localiza en Nueva Ciudad Guerrero, cerca de Nuevo Laredo. Esos grupos empezaron a robar hidrocarburos en la zona y los vendieron a empresas e individuos en ambos lados de la frontera.
La obra, que diagrama la operación y estructura de Los Zetas como empresa criminal globalizada, señala que la cercanía de la frontera ha permitido a esos grupos utilizar las redes de narcotráfico para exportar combustible robado de Pemex de forma muy sofisticada, lo cual demuestra claramente la ausencia de adecuados mecanismos de vigilancia y el posible involucramiento de funcionarios públicos.
Para Correa-Cabrera, la Operación Reckoning muestra la colusión entre Pemex y Los Zetas, con conocimiento de los directivos de la paraestatal.
Reveses legales
El 2 de junio de 2014 el juez Lake condenó a Continental Fuels; a su presidente, Timothy L. Brink; a su filial US Petroleum Depot; y a Jonathan Dappen, director de M&B Trading, a pagarle a PEP 27 millones 410 mil dólares, más intereses antes y después del juicio por 8 millones 857 mil dólares. Pero la acusadora no cobró ese monto por la bancarrota de los condenados. Fue una victoria moral, no económica.
Dappen negoció al menos 17 operaciones con las importadoras, mientras que M&B Trading abastecía de condensado a Continental Fuels.
Por otro lado, Lake propinó un revés a la acusadora al desestimar los cargos contra otro grupo de empresas. En otra resolución, emitida el 30 de mayo de ese año, el juez favoreció a otras siete firmas acusadas por haber expirado el plazo de dos años para presentar las demandas y porque PEP no pudo presentar evidencia sólida para sustentar su caso.
PEP apeló, pero los magistrados Jerry Edwin Smith, Edward Prado y Priscilla Owen, de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, rechazaron ese recurso el 5 de marzo de 2015, plasmado en el archivo 14-20417.
Por pagos, restituciones y desembolsos por cobro de seguros en relación con el condensado robado, PEP recibió entre agosto de 2009 y octubre de 2010 de Trammo Petroleum 3 millones 415 mil dólares; Continental Fuels le reembolsó 40 mil 130 dólares; Sun Petrocco, LLC, le entregó 118 mil 109 dólares, y Valero Energy le transfirió 3 millones 750 mil dólares. Las compañías efectuaron esos pagos para evitar una eventual condena.
Donald Schroeder, presidente de Trammo, se declaró culpable, al confirmar que Continental Fuels vendía el precursor robado. Los expedientes indican que esa compañía adquiría y distribuía el condensado a las otras tres corporaciones mencionadas.
Correa-Cabrera expone que es una actividad muy organizada y especializada. “Tenemos al sindicato, a los trabajadores que ya saben cómo obtener dinero en Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, en contubernio con quienes tienen el know-how, inclusive con quienes resguardan instalaciones. Así va creciendo la actividad, es una empresa a varios niveles”, detalla.
El entramado legal tuvo una coda el 12 de agosto de 2016, cuando Lake negó –por considerarla improcedente– la petición de un grupo de acusados para que PEP les pagara 837 mil 854 dólares en gastos judiciales.
