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Por Francisco Garfias
Para nadie es un secreto que Andrés Manuel López Obrador quiere bajar, por lo menos a la mitad, lo que considera “sueldos de insulto” en el Poder Judicial de la Federación.
El tema de “escandalosos pagos” —así los ha llamado— a ministros y magistrados, inconforma en serio a la sociedad.
El virtual Presidente electo sabe que tiene asegurado el aplauso de los ciudadanos cada que aborda ese tema.
La bronca es que constitucionalmente está impedido de disminuir las remuneraciones de ministros de la SCJN y magistrados durante su encargo. El tercer transitorio del artículo 127 de la Constitución así lo determina.
Y ninguna, aunque AMLO lo quiera, ninguna ley es retroactiva.
Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sacó el tema frente al presidente Peña, en la ceremonia para conmemorar el Día del Abogado. “Son necesarias para otorgar resoluciones independientes”, dijo.
El ministro argumentó que la independencia de los citados juzgadores no depende únicamente de su recto actuar, sino de las condiciones favorables que lo permitan, como la seguridad en las remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas.
“No son privilegios inconfesables, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable”, puntualizó.
Un exgobernador del PAN nos manifestó ayer su preocupación por los cambios que se harán en la entrega de los recursos federales a los estados y la reducción de partidas que les ayudaban a finales de año.
“La última vez, la Secretaría de Hacienda nos dio 600 millones para cerrar. Eso sí va a desaparecer”, lamentó.
Las malas noticias para los mandatarios del PRI, el PAN y el MC se acumulan. Ya se enteraron que no habrá delegados federales. Ahora serán los coordinadores estatales de Programas de Desarrollo los que reciban los recursos a nivel estatal.
Llamó la atención de los analistas, por ejemplo, que a Alfredo del Mazo le hayan puesto en esa coordinación a su adversaria de Morena en la elección de gobernador, Delfina Gómez, y que a Enrique Alfaro le tocara su otrora adversario, también moreno, Carlos Lomelí.
Los gobernadores, agrupados en la Conago, se reunieron ayer con el virtual Presidente electo en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México.
Al cierre de esta columna seguía el cónclave a puerta cerrada. No había trascendido información.
Pero Manuel Velasco, mandatario chiapaneco, presidente de la Conago, escribió un tuit en el que aseguró que los gobernadores “cerraremos filas” con AMLO a favor de nuestro país.
Dime de qué presumes… Chihuahua y Sonora son las dos entidades federativas que cuentan con el menor avance en la armonización de las constituciones locales en el tema de los derechos humanos, a seis años de la Gran Reforma Constitucional en la materia.
Un reporte de la CNDH dice que en esos dos estados apenas han avanzado 36.4 por ciento. Andan atrasados también Chiapas, 54.5 por ciento de avance y Morelos, 63.6 por ciento.
Hay 16 congresos de igual número de estados a los que la citada Comisión les pone palomita: cumplieron con 100 por ciento de la armonización:
Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
La decisión de la Marina de retirar a su personal de Tamaulipas por las acusaciones que se le hacen de que es responsable de las desapariciones forzadas en la zona mantiene desprotegidos a los habitantes de esa región.
Y es que no sólo la Marina salió de zona caliente. La PGR ordenó el regreso de sus agentes adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, luego de que fueran baleados por supuestos integrantes del Cártel del Golfo.
Los dos fiscales investigaban la desaparición de 28 personas, ocurridas desde el pasado mes de febrero.
Fuentes vinculadas con la Semar nos dicen que supuestos integrantes del Cártel del Golfo, disfrazados con indumentaria de esa secretaría, podrían estar detrás de esas desapariciones.
“Lo que pasó con la PGR demuestra que el crimen usa la desinformación para sacar a las fuerzas federales y quedarse con el territorio”, advierten.
Lorena Villavicencio, diputada federal electa de Álvaro Obregón, nos adelanta que junto con la recién electa alcaldesa de ese municipio, Layda Sansores, va a presentar una denuncia contra el director responsable de la obra y autoridades involucradas en el proyecto del Centro Comercial Artz Pedregal, que ayer colapsó.
“Como ciudadanas fuimos muy insistentes en los riesgos de la obra, por la zona en la que está ubicada. Varias organizaciones alertamos de ello. Pediremos que se sancione a los responsables con todo el rigor de la ley”, nos dijo.
Y más: “Se ve la mano de la corrupción de Leonel Luna y de Mancera. Los promotores inmobiliarios de esa obra deben ser auditados para ver si cumplen con la norma”.Información Excelsior.com.mx