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El Gobierno y los ayuntamientos deberán cumplir requisitos, plazos, justificar objetivos y ser parte de un registro estatal de Deuda Pública al aprobar diputados del PRI, PAN, Nueva Alianza y PVEM la nueva Ley en la materia.
Además, por unanimidad, la LXI Legislatura avaló trasladar a la Secretaría de Seguridad Pública, la responsabilidad de cobro por la autorización, registro y revalidación a las empresas de Seguridad Privada. Anteriormente se hacía en la Fiscalía General del Estado.
La sesión ordinaria de este martes inició con un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de quien fuera diputado del PAN y presidente de la Gran Comisión de la LVII Legislatura, Benito Rosel Isaac, a petición de Beatriz Zavala Peniche (PAN), quien informó de su pérdida la mañana de este día.
Durante la misma jornada, Rosario Díaz Góngora (PRI) anunció que presentó su renuncia con carácter irrevocable al cargo de diputada por el X distrito, por motivos personales y profesionales, agradeciendo el apoyo de todos los legisladores con los que trabajó en la toma de decisiones, quienes a su vez demostraron el reconocimiento a su trabajo.
La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Celia Rivas Rodríguez reconoció el trabajo y entrega de Rosario Díaz por lo que dijo: “sentimos emociones encontradas, una tristeza válida porque no estará con nosotros como una gran amiga y compañera, pero también alegría porque sabemos que esta decisión será para bien”.
Al discutir sobre la expedición de la nueva Ley de la Deuda Pública, la propia Díaz Góngora detalló que se busca lograr un manejo sustentable de la Hacienda Pública local, para la contratación y registro de deuda pública y otro tipo de obligaciones, pero sobretodo, establece una homologación con los principios generales de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, así como con la reforma Constitucional.
“Se dispone que para la autorización y contratación de financiamientos u obligaciones deberán ajustarse a los términos, plazos, restricciones y condiciones, tal y como lo estipula las normas mencionadas, además de que regula que el Estado y los municipios podrán acceder a la garantía del Gobierno Federal referente a las obligaciones constitutivas de deuda pública”, recalcó.
Con su voto en contra, Jazmín Villanueva Moo (Morena) declaró que no fueron consideradas sus propuestas para que la iniciativa fuera analizada con mayor profundidad por especialistas en el tema, así como ciertas modificaciones que pretendían que en Yucatán se contengan los niveles de endeudamiento público.
En asuntos generales y en presencia de miembros de la Federación Agronómica de Yucatán, Elizabeth Gamboa Solís (PRI), hizo un reconocimiento a las personas que trabajan por el continuo desarrollo del campo, una de las actividades más exigentes, que exige brindar soluciones a problemas legales, sociales, políticos, entre otros.
“En el marco del aniversario del Día del Agrónomo en el país y que se conmemora cada 22 de febrero, reconocemos el desarrollo profesional y humano de sus agremiados para fortalecer los lazos de los hombres del campo yucateco, para ser agentes de cambio y por realizar esta digna labor”, resaltó.
En el mismo sentido, Manuel Argáez Cepeda (PAN) señaló que esta fecha esta marcada en el calendario para honrar a mujeres y hombres que dedican su tiempo en las tareas del campo mexicano, al tiempo que dignifica las acciones agrónomas que buscan mejorar los niveles de vida de los campesinos.
“No hay labor más noble y productiva que el campo, la especialización de los agrónomos siempre es un avance para mirar un futuro más próspero, que ha contribuido con la riqueza de la tierra, abonando a las costumbres de nuestro pueblo”, manifestó.
Por último, Marbellino Burgos presentó una iniciativa para modificar la Ley de Educación del Estado,
