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Habitantes de Baca podrían perder sus propiedades, pues al parecer ya estarían ocupando tierras irregulares, esto como resultado de las reformas en las reglas de operación de programas federales, lo que los ha dejado en la indefensión, manifestó la diputada de Movimiento Ciudadano Silvia América López Escoffié.
“Este municipio está sufriendo los embates del sistema político, la permisividad de las autoridades competentes y en algunos casos la ignorancia de los ejidatarios, que con engaños han sido inducidos a ir en contra de su propio patrimonio”, manifestó.
Comentó que al parecer hay intereses de por medio por parte de un grupo que pretende apropiarse de estos terrenos a toda costa, lo cual sería en perjuicio de miles de familias.
“Los habitantes requieren del apoyo de los diputados y autoridades ante las irregularidades que cometen algunos visitadores agrarios, en contra de avecinados y ejidatarios” dijo.
Informó que poco más de 1,500 predios urbanos se encuentran en esta situación, que fueron incluidos dentro del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar, que ya contaban con títulos de propiedad.
“Este problema ocasionaría que escuelas, iglesias, Palacio Municipal y otros locales estén en riesgo de perderse, ya que pertenecen al ejido”, resaltó.
Recordó que en marzo se intentó llevar a cabo una asamblea en ese municipio para acordar delimitar indistintamente predios privados, solares y tierras tradicionalmente del ejido, con la intención de regularizarlos, sin embargo, esta no contó el quórum legal, ya que de los poco más de mil ejidatarios, 478 ya han fallecido.
Comentó que de esta reunión se generó un acta plagada de diversas irregularidades, como son la falsificación y duplicidad de firmas, además de la actualización del padrón, por lo que se decidió realizar una segunda asamblea a la cual asistieron 118 ejidatarios de los poco más de mil, en donde se decidió adherirse a ese programa que pretende regularizar a todo el pueblo.
Durante su exposición, la legisladora local presentó dichas actas de asambleas, así como títulos de propiedad y copias de recibos de pago de impuestos de estas tierras que supuestamente son irregulares.
“Imaginen ustedes que la casa en la que han crecido y que ha sido heredada desde sus bisabuelos hasta la actualidad y que se cuenta con todas las escrituras correspondientes, hoy ya no sea tuya porque hace tres años alguien decidió que era propiedad ejidal ¿Se pueden ahora imaginar la impotencia, el temor, la incertidumbre y el enojo con el que viven hoy miles de familias?”, expresó.
López Escoffié cuestionó que se desconozcan escrituras inscritas en los libros de actas notariales que datan de décadas atrás, así como el hecho de que el Gobierno otorgara viviendas de Infonavit sin tener la propiedad de la tierra.
“No entendemos porque el municipio está cobrando estos aranceles, pago de predial o derechos de construcción a quienes no son dueños de los terrenos”, insistió.
Resaltó que es obligación de las y los legisladores y autoridades responderles a los habitantes de Baca, e incluso dijo que hay 40 municipios más que se encuentran en esta situación como Muxupip, Seyé, Tecoh y Ucú, por mencionar algunos.
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el punto de acuerdo que presentó López Escoffié para que se invite a una reunión a la alcaldesa de Baca, Guadalupe Marisol Pech Basto, y explique el cobro de impuestos y derechos que se han recaudado en el municipio de predios no regularizados.
Durante la sesión, la diputada Milagros Romero Bastarrachea presentó reformas a la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán que garantizarán condiciones mínimas en la contienda electoral, mediante el acceso de todos los organismos políticos nacionales que participan en el ámbito y proceso electoral local en materia de su financiamiento.
