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Mérida, Yucatán.- Desde hace años el sector productivo de Yucatán ha demandado que se optimicen las condiciones de infraestructura del Puerto de Altura de Progreso, petición que ha sido escuchada pues en la presente administración se implementará un novedoso esquema que permite la inversión privada para que se construya una nueva terminal y se efectúen obras de dragado en el sitio.
Actualmente, el Puerto de Altura local presenta limitantes que lo colocan en una situación de desventaja, una de éstas es el calado, es decir, la profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de una embarcación.
Esta problemática será resuelta en breve, anunció el gobernador Rolando Zapata Bello, acompañado del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y explicó que el proyecto de modernización contempla realizar un dragado que permitirá que lleguen embarcaciones que mueven hasta cuatro mil contenedores o hasta 80 mil toneladas de granos, haciendo aún más competitivas a las empresas de la entidad.
El Puerto de Altura yucateco es el único que tiene esta denominación en la Península, lo cual significa que sólo a través de éste pueden hacer intercambios comerciales internacionales a diferencia de los de cabotaje, cuyo alcance comercial es nacional.
Su importancia desde la época henequenera, hasta la actualidad como entrada para los insumos de la industria alimentaria de cerdo y pollo o para la más reciente exportación de productos desde la nueva Cervecería Yucateca, es innegable.
Sin embargo, actualmente el canal de navegación se extiende 11 kilómetros mar adentro y las dársenas de maniobra frente a los muelles tienen un calado promedio de 9.80 metros. Esto sólo permite la entrada de barcos que transportan hasta mil 500 contenedores de carga o bien de hasta 30 mil toneladas de granos para alimento balanceado.
Estas medidas ya llegaron a un punto límite debido a las nuevas características de la navegación comercial mundial, como de la propia dinámica de la economía de Yucatán.
La realidad de las embarcaciones del mundo es que tienen mayor crecimiento con el objetivo de reducir costos de transportación, ya que si un barco lleva más contenedores, el precio por volumen es menor.
Por éstas características se efectuarán las tareas de mejoramiento, lo que dará solución a la necesidad de que arriben barcos más grandes, como los llamados post-panamax que comenzaron a armarse alrededor del 2000 en adelante.
Más carga
Así como el sector marítimo mundial se transforma en las dimensiones, también la economía del territorio presenta incrementos sustanciosos en sus intercambios comerciales por la vía portuaria.
En 2012, el movimiento de carga general en el puerto era de cuatro millones de toneladas, entre granel agrícola y mineral, fluidos petroleros, maquinarias o materias primas.
En 2016, el año concluyó con un movimiento de 5.3 millones de toneladas, lo que se traduce en un alza de 32 por ciento, que se debe a la mayor importación de insumos para la producción de carne de cerdo, pollo y huevo.
De igual forma ha crecido el movimiento de contenedores pues entre 2012 y 2016 se incrementó un cinco por ciento. No obstante, en el primer trimestre de 2017 ya se elevó más de 20 por ciento.
Los niveles de movimiento de carga reflejan un buen avance de la economía local, por lo que se seguirá impulsando esto con la realización de las obras pertinentes para que el puerto opere con mayor capacidad.
El mecanismo presentado por el Gobierno del Estado y la SCT responde directamente a la necesidad de fomentar el desarrollo y al mismo tiempo hace posible superar la escasez de recursos públicos para financiarla.
Las labores que potenciarán la competitividad del Puerto de Altura de Progreso, que son el dragado del canal de navegación, dársenas de maniobra y una nueva terminal, tienen un costo aproximado de entre 100 y 150 millones de dólares.
Para impulsar estas tareas, el pasado 10 de enero, Zapata Bello y Ruiz Esparza firmaron un memorándum de entendimiento para encontrar una solución conjunta.
En esas negociaciones prevaleció la postura de que el Gobierno del Estado tuviera la capacidad para operar la nueva terminal y conducir las obras de infraestructura. Esta potestad se basa en el artículo 7 transitorio de la Ley de Puertos, publicada en 1993.
En dicho documento se establece que a fin de reorganizar el sistema portuario nacional se “promoverá la constitución de sociedades mercantiles con participación mayoritaria de los gobiernos de las entidades federativas, para que administren los puertos, terminales e instalaciones de uso público, cuya influencia sea preponderantemente estatal, en este caso, también se podrán otorgar de manera directa las concesiones para la administración portuaria integral”.
Para hacer efectiva esta facultad legal para participar en la actividad marítima, el Gobierno del Estado constituyó la Empresa Portuaria Yucateca S.A. de C.V. (EPY), la cual es una firma estatal de participación mayoritaria, como lo son Trecevisión, la planta de jugos del DIF o la Fábrica de Postes.
Como compañía estatal de participación mayoritaria, forma parte de las entidades de la administración pública paraestatal y se rige por el Código de la Administración Pública de Yucatán.
Asimismo, al ser una Sociedad Anónima de Capital Variable se rige también por la Ley de Sociedades Mercantiles y el órgano supremo de la EPY es la Asamblea de Accionistas, presidida por el Gobernador.
La dirección de esta empresa está a cargo de un Consejo de Administración, en el que participan la Secretaría de Administración y Finanzas, y el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública (Inccopy). La ejecución de los acuerdos de dicho Consejo está en manos de la gerente General.
Contrato
Otra acción que servirá para promover las actividades comerciales en la nueva terminal que fue anunciada por el Gobernador, es la suscripción del Contrato de Cesión Parcial de Derechos mediante el cual la Asociación Portuaria Integral de Progreso (API) de Progreso otorgó a la Empresa Portuaria Yucateca la facultad para construir, equipar, operar y explotar dicha sede de uso público.
Así, con la facultad legal que le da la ley, la EPY puede iniciar un proceso de búsqueda de clientes que estén interesados en desarrollar actividades comerciales en el nuevo punto destinado principalmente al manejo de fluidos petroleros y no petroleros, de gas natural y de productos pétreos
Dichos clientes serán los encargados directos de efectuar las obras de dragado para pasar del calado actual promedio de 9.8 a uno suficiente para la navegación post-panamax y una plataforma de 25 hectáreas, 21 de ellas cedidas a la EPY y cuatro correspondientes a la API-Progreso.
En la plataforma se construirá la infraestructura que requiera la distribución de gas natural o hidrocarburos, y los fondos para ello, de entre 100 y 150 millones de dólares, será asumida por el inversionista privado con base en sus propias proyecciones de riesgo y rentabilidad de su plan de negocio.
De este modo se asegura la realización de las tareas sin el uso de los recursos públicos estatales presentes ni futuros, sin contratación de deuda y tampoco bajo esquemas tipo PPS.
Se trata de un modelo de negocio en el que gana el Estado al promover proyectos que profundicen el calado para los muelles y negocios actuales que existen en Progreso, así como para la nueva terminal.
Asimismo, se beneficia a todo el sector industrial que tendrá otra opción para el abasto regular y suficiente de gas natural, indispensable para los procesos de transformación manufacturera que ya se llevan a cabo o para las firmas que pretenden instalarse en Yucatán y que ponen como requisito la obtención de este energético. De igual forma, la generación de electricidad será más eficiente y sustentable.
Es por ello que con el gas natural que llegará al puerto se podrá transitar a un modelo más limpio, pues actualmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) produce el 100 por ciento de la energía con diésel y combustóleo, teniendo una capacidad de mil 500 megawatts para la iluminación de los hogares y empresas
En este punto vale recordar que la reforma energética promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto permite una mayor inversión en la industria y participación concurrente de firmas públicas y privadas con el objetivo de transitar hacia una dinámica basada en los principios de competencia, apertura, transparencia, sustentabilidad y responsabilidad fiscal de largo plazo.
En este sentido, el mecanismo derivado del Contrato de Cesión Parcial de Derechos hace factible la inyección de recursos que requiere la modernización del Puerto de Altura de Progreso, una mayor competitividad de la economía de Yucatán y nuevas opciones energéticas.
