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Por: Francisco Garfias
En el Ejército y la Marina hay confianza en que Andrés Manuel López Obrador acabará por entender cuál es la función de las Fuerzas Armadas en la lucha que hace más de una década libran contra el crimen organizado.
En plática off the record (fuera de grabadora) con el reportero, un alto mando militar aclara: “No somos enemigos del pueblo ni enemigos del gobierno”.
El oficial con el que hablamos nos dejó claro que ni soldados ni marinos temen que el aspirante presidencial de Morena llegue a los Pinos en el 2018.
Las Fuerzas Armadas son institucionales. Saben que la elección del primer mandatario es una decisión de la ciudadanía.
Y es que El Peje ha repetido que no va a utilizar ni al Ejército ni a la Marina para “reprimir al pueblo”.
Pero el crimen organizado es otra cosa. “A veces no hay alternativa al uso de la fuerza. Eso lo va a entender el señor López Obrador…si llega”, subraya la fuente.
El oficial entrevistado nos dice, también, que lo más crítico de la situación de violencia y crimen que vivimos es el apoyo que el crimen organizado recibe por parte de los pobladores, en algunas regiones carentes de oportunidades.
Llega el narco y los provee de medios de subsistencia ilegales.
Es el caso de los huachicoleros, por ejemplo, donde la población bloqueó la autopista Puebla-Orizaba para solicitar el retiro del Ejército, luego del enfrentamiento con los delincuentes.
¿Saldo? Diez muertos, cuatro de ellos militares.
En la cúpula militar no escatiman la condena al soldado que mató a sangre fría a un presunto delincuente, hecho que quedó grabado en un video difundido por el sitio Cambio de Puebla.
“La gente del Ejército obró mal. Al responsable lo van a procesar”, nos asegura.
Pero luego pregunta por qué las ONG y los defensores de derechos humanos no emiten una sola palabra de solidaridad con el soldado que esa noche fue asesinado por la espalda en Palmarito, Puebla.
Los militares, por cierto, piden a gritos la ley de Seguridad Interior. Ya hace más de una década realizan labores de policía, sin contar con un marco jurídico apropiado.
No hay reglas sobre los plazos de permanencia de los soldados o marinos en tal o cual región, tampoco para el regreso definitivo a los cuarteles, que ya desde hace años esperan.
“Aplaudiríamos que nos saquen de este rol de seguridad pública”, subraya la fuente.
No está claramente establecido qué es lo que sí y lo que no pueden hacer las Fuerzas Armadas en la lucha contra al crimen. Tampoco hay leyes que obliguen a los gobernadores a capacitar a sus policías.
“Salimos a las calles porque las policías están rebasadas”, recuerda la citada fuente.
Nos hizo el anterior señalamiento acompañado de una denuncia: no son pocos los secretarios de seguridad pública que a nivel municipal —y en casos hasta estatal— están coludidos con el crimen organizado. “Les decimos (a los gobernadores) de quién se trata y no hacen nada”, asevera.
Un ejemplo es Javier Duarte. Apenas llegó al poder, el ahora exgobernador de Veracruz prometió al Ejército y a la Marina que levantaría una escuela de policía. Juró que capacitaría a los estatales.
No cumplió. Veracruz es de los estados con mayor incidencia delictiva.
Va una historia real digna de una serie de televisión. El día en que mataron al periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, lo iban a entrevistar los productores de una compañía inglesa que contrató Netflix para hacer una serie.
La serie se llama El ocaso de los grandes capos. Para ilustrar el caso mexicano decidieron dedicarle un capítulo a El Chapo Guzmán.
Querían el testimonio del corresponsal de La Jornada en Sinaloa como parte del documental. De eso sabía —y mucho— el desaparecido cofundador del semanario RíoDoce.
Los ingleses llegaron a la Ciudad de México y comunicaron a las autoridades su intención de ir a Culiacán. Instancias de gabinete les advirtieron sobre los riesgos que corrían.
La captura del jefe del Cártel de Sinaloa, Dámaso López, alias El Licenciado, había calentado la plaza.
Los británicos no hicieron caso de la advertencia y viajaron a la capital de Sinaloa. Allí se enteraron del asesinato de Valdez. Se quedaron encerrados en el hotel. No asomaron ni las narices. Entraron en pánico y solicitaron ayuda a las autoridades. La Policía Federal los rescató. Ya estén de nuevo en la Ciudad de México. Sanos y salvos.
Al WhatsApp de este reportero llegó un mensaje del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, expresidente del PRD.
Dice que un periodista vinculado con el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, preso en Estados Unidos por sus relaciones con el narco, lo acusa de tener vínculos con el crimen organizado, específicamente con La Familia Michoacana.
“O sea, el único que denunció a este delincuente en plena campaña, un tipo de tal calaña me acusa por tal infamia. La mano del gobierno manifiesta su venganza por enfrentarlos y por ir arriba en las encuestas”, leemos.
Veytia fue arrestado en San Diego y acusado de conspirar para distribuir drogas en Estados Unidos. Se encuentra recluido en Nueva York.
La jueza federal Carol Bagley Amon aplazó para el próximo 5 de junio la audiencia del caso.Información Excelsior.com.mx