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Por Jorge Fernández Menéndez
Para algunos es un mito, pero, para otros, una realidad. Entre abogados y especialistas se asegura que, en la justicia local, existe una suerte de paquete VIP, que enlaza a ministerios públicos con jueces locales, y termina diseñando sentencias a medida. Explican que son esos acuerdos los que generan tantas puertas giratorias: delincuentes que son detenidos un día y liberados al siguiente, normalmente porque se alegan deficiencias en el debido proceso. Eso ha permitido sentencias tan extrañas como las dos liberaciones de El Lunares, el líder de la Unión Tepito.
No es algo exclusivo de la Ciudad de México, ocurre en todo el país y, sobre todo, en temas relacionados con el narcotráfico, en Jalisco, donde la justicia federal ha realizado una limpia que está lejos de llevarse a cabo en el ámbito local. Hay entidades donde esos paquetes VIP han permitido el despojo de tierras, edificios, hoteles, cuentas, de sus legítimos propietarios, incluso llevándolos a la cárcel.
La justicia en la CDMX no está funcionando como debería y la colusión de jueces locales con ministerios públicos es una de las razones de que no funcione.
Hay casos que llaman profundamente la atención y que tienen una dimensión económica que impide ver lo que está detrás de las decisiones judiciales. Hace algunos años hablamos aquí (lo recordábamos en días pasados con la detención de Emilio Lozoya) cómo, cuando se descubrió el fraude de Amado Yáñez en Oceanografía contra Citibanamex, el entonces director de Pemex quiso quedarse con la empresa a través de ofrecérsela a algunos empresarios que, cuando vieron cuál era el verdadero interés del ofrecimiento, se retiraron de inmediato. No obstante, eso no impidió que, mediante tretas y acuerdos extralegales, en los que participaron algunos ministerios públicos, jueces y abogados, entre ellos Juan Collado, se terminaran apropiando, ilegalmente, de bienes y recursos de personas relacionadas, de una u otra forma, con esa empresa.
Ahora se da una historia similar con el caso de la empresa Oro Negro. Más allá de las consideraciones sobre lo que realmente ocurrió en esa empresa y quiénes son los responsables, parecieran existir intereses oscuros en el manejo judicial de su caso.
La primera pregunta es por qué una investigación que es de origen federal, que involucra directamente a Pemex y a plataformas de extracción de petróleo en jurisdicción federal, en el que las autoridades federales parecen no estar interesadas, termina siendo atendido por la justicia capitalina. El caso, por principio de cuentas, no parece tener razón alguna para que sea juzgado en la Ciudad de México. Es un caso federal que involucra a Pemex.
Sin embargo, el asunto fue tomado por la Fiscalía de la CDMX, que encabeza Ernestina Godoy, y disfruta de toda la atención de la Fiscalía de los Delitos Financieros, que encabeza Édgar Pineda Ramírez. Tiene un ministerio público dedicado exclusivamente al caso, Maximino Pérez Hicks (que opera en un área cerrada al público, junto a la oficina de la fiscal, vigilada permanentemente por cámaras y micrófonos para evitar cualquier filtración). El proceso se lleva también por fuera del sistema informático oficial, por lo que las partes investigadas no tienen derecho a conocer los asuntos ni a visitar esta área de trabajo que exige un registro especial. Ese esquema, que los afectados ven como un paquete VIP, garantiza, además, órdenes de embargo, aseguramientos y de arresto. Todo esto no sería posible sin el apoyo del Tribunal de Justicia local, que encabeza Rafael Guerra.
En la justicia de la CDMX hay más de 100 jueces penales y para asignar los casos se sigue el procedimiento de estricta rifa, para evitar jueces de consigna o parciales. Pues resulta que en el caso Oro Negro los dados están tan cargados, que todos los expedientes, sin excepción, han caído en las manos del juez 114 de la CDMX, Joel de Jesús Garduño Venegas, que ha concedido rápida y puntualmente todas las peticiones de la Fiscalía.
De esa forma, por una orden de un juez de la Ciudad de México se tomaron por asalto cinco plataformas petroleras de esa empresa frente a la costa de Campeche, en zona federal, con helicópteros privados. Así se concretó también el embargo de cuentas, que llevó a la quiebra a Oro Negro y se libraron las órdenes de aprehensión en contra de Gonzalo Gil y de sus socios.
Insistimos, no juzgamos las operaciones que realizó esa empresa, pero debe ser la justicia federal, en sus propias instancias, la que juzgue si hubo o no algún delito. Todo el proceso que se lleva desde un tribunal local está viciado de ilegalidad, pero, además, es evidente que se trata de una acción concertada entre elementos de la Fiscalía y la justicia local. Un verdadero paquete VIP. Información Excelsior.com.mx