Por Yuriria Sierra
Ni las rentas bajaron ni las construcciones se detuvieron. Parece que no pasó nada. Casi un año del 19S y como si no hubiera pasado nada. Acaso sólo se afianzó el lazo entre autoridades y el sector inmobiliario. El lazo y la complicidad. Hoy sabemos, por ejemplo, que Miguel Ángel Mancera aumentó su patrimonio durante su gestión como jefe de Gobierno de la CDMX: departamentos y locales comerciales con valor de 43.5 millones de pesos, según una investigación de Proceso. Y mientras él tiene varios techos para elegir, aún hay damnificados que esperan una respuesta.
Aquellos que cumplen con los requisitos para recibir ayuda deben tomar aire para soportar la enorme burocracia que les espera para acceder a un apoyo que no incluye castigo a los responsables de los colapsos. Porque a los edificios que cayeron en septiembre pasado no los tiró el temblor, sino la corrupción y la impunidad que pretende evitar sanciones.
Un edificio de no más de ocho pisos al que se le adecuó un helipuerto en plena colonia Hipódromo Condesa. A pesar de las denuncias de los vecinos, ninguna autoridad clausuró. Otro en la Narvarte, al que en 2014, por petición de sus habitantes, funcionarios encargados revisaron y no encontraron daño estructural, según. Tres edificios: uno en la Condesa, otro en la Del Valle y uno más en la Roma, que se vinieron abajo, los dos primeros el 19 de septiembre pasado, el último el mismo día, pero de hace 32 años; los tres construidos bajo responsabilidad de un mismo ingeniero. Un edificio más que colapsó luego de los trabajos con maquinaria pesada —y prohibida— en el predio de junto. Otro más al que catorce años atrás se le instaló una antena de señal telefónica de diez toneladas, pesadísima para su estructura. Una cadena de edificios levantados con documentación incierta al sur de la Ciudad, en la zona de Coapa. Uno que duró sólo ocho meses habitado estaba recién estrenado. Uno que ni siquiera se estrenó y que, con obra clausurada, cayó. Otro que fue construido a voluntad: fuera de la norma y los planos, menos acero y que evidentemente no soportó el movimiento del 19S. El edificio de oficinas que fue rentado por veinte años a pesar de las advertencias de inclinación. Una construcción remodelada, pero que se vendió como nueva.
Todos casos conocidos. Todos documentados por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. La finalidad de este informe, ¿Por qué cayó mi edificio?, revelado hace unos días, es justamente enfatizar la falta de respuesta de las autoridades. Entender el porqué de esta ausencia.
Los sismos de septiembre pasado no sólo dejaron sin patrimonio a cientos de mexicanos, también hicieron visible la orfandad de autoridades. Tras los terremotos, 150 mil viviendas resultaron dañadas y 52 mil 374 fueron pérdida total; estas cifras corresponden al número de viviendas que fueron construidas a escala nacional durante 2016. De igual forma, luego de los sismos, no se detuvieron las construcciones a pesar de la evidente necesidad de revisión de éstas. ¿Ha notado cómo por todos lados hay edificios en construcción? ¿Ha notado que el sector inmobiliario parece no haber sufrido ninguna consecuencia a pesar de los derrumbes?
El informe de MCCI es contundente: los habitantes de la capital sabemos qué hacer en caso de sismo; con más rigor nos documentamos sobre el proceso de evacuación y atención de emergencias. La solidaridad quedó más que probada, pero no tenemos certeza de que lo que sucedió en septiembre de 2017 no volverá a pasar. ¿Quién nos dice que los nuevos edificios se construyen bajo estrictas normas? ¿Los mismos que vendieron y remodelaron edificios hoy colapsados? El cambio de gobierno tiene enorme tarea, no sólo para responder a quienes hoy siguen sin hogar, sino para enfrentar a quienes hoy siguen sin castigo y, peor aún, operando como si las vidas perdidas y el pasado no importaran. Información Excelsior.com.mx