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Por Eduardo Ruiz-Healy
En varias ciudades, decenas de miles de personas marcharon ayer para exigir que el Instituto Nacional Electoral (INE) no sea modificado ni desaparecido cuando el Congreso apruebe una nueva reforma electoral, como pretende hacerlo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su iniciativa enviada a la Cámara de Diputados en abril pasado así lo propone.
AMLO busca sustituir al INE por un nuevo órgano denominado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y que tanto el INE como los Organismos Públicos Locales (OPLES) sean sustituidos por el INEC; quiere que los tribunales electorales estatales desaparezcan y su trabajo sea asumido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF); y pretende que la elección de los consejeros del INEC y magistrados electorales del TEPJF sea por el voto popular a favor de candidatos seleccionados y postulados por los tres Poderes de la Unión.
La reforma del presidente también busca: 1) reducir a 300 el número de diputados federales y a 96 el de senadores y que sean electos utilizando el método de listas propuestas por cada partido, o sea que todos sean de representación proporcional; 2) reducir el número de diputados locales y regidores municipales que también serían electos por el método de listas; 3) limitar el financiamiento de los partidos políticos para gastos de campaña electoral y eliminar el financiamiento ordinario que reciben mensualmente.
La reforma lopezobradorista tiene aspectos positivos y negativos.
El principal negativo es la eliminación del INE y su sustitución por un INEC conformado por siete consejeros electos por un pueblo conformado por una gran mayoría que no tiene ni la menor idea de las cualidades y responsabilidades que debe poseer un consejero. La intención de AMLO es clara: que sean electos los que cuenten con el mayor apoyo de los gobiernos morenistas para que sean leales a un solo y único amo: MORENA. Lo mismo busca al hacer que la elección de los magistrados electorales sea por voto popular.
Otro negativo: pretender acabar con la libertad y soberanía de los estados al eliminar sus OPLES y tribunales electorales; y eliminar el derecho de los congresos locales para determinar el número de legisladores estatales y regidores de los ayuntamientos. Pareciera que AMLO busca crear un estado centralista, como el que de 1835 a 1846 impusieron sobre el país los conservadores que tanto desprecia.
Entre los aspectos positivos están la reducción de los recursos económicos que se le dan al INE y a los partidos políticos. El cuánto y cómo deberá ser discutido por el Congreso y la reforma electoral debería señalar que los recursos solo pueden reducirse o ampliarse con el voto de dos terceras partes de ambas cámaras y la mayoría de los congresos estatales. Lo anterior para evitar lo que hoy ocurre: que una mayoría en el Congreso le reste recursos al INE con tal de debilitarlo.
La propuesta de reducir el número de diputados federales, si bien es positiva, debe ser discutida, modificada y aprobada por la mayoría calificada del Congreso.
En lo que respecta a la elección de legisladores y regidores por medio de listas, que es el método utilizado en casi 90 países, sería bueno posponer este debate para alguna próxima reforma electoral que rija a partir de 2027 o 2030.
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