Por Jorge Fernández Menéndez
Podrá ser de mal gusto, como dijo el presidente López Obrador, pero es inevitable que autoridades de unos países opinen sobre otros, particularmente cuando deben enfrentar un desafío multinacional como el narcotráfico y el crimen organizado. Lo hace México cuando le pide a Estados Unidos que controle el tráfico de armas y ellos, con toda razón, piden saber cuál es la estrategia de seguridad de nuestro país para trabajar en consonancia. Estamos hablando de dos caras de una misma moneda.
Decir que la política de seguridad de nuestro país la definimos solos y sin intervención está muy bien para que salga en los titulares de la mañanera, pero en realidad no es así. Cuando la administración Trump amenazó con aranceles comerciales si no se frenaba el flujo migratorio, se dio un giro de 180 grados a la política de puertas abiertas y terminamos empleando a 27 mil elementos de la Guardia Nacional para controlar las fronteras. Con más de 60 mil muertos al año por sobredosis de opiáceos, cada vez más por uso de fentanilo que proviene en un alto porcentaje de México, sería absurdo pensar que Estados Unidos no va a buscar opinar o intervenir en la política antidrogas de México, lo hará en forma diplomática o con rudeza, como en el tema migratorio, pero lo hará.
No deja de ser significativo lo dicho por Rich Glenn, subsecretario de Estado adjunto para asuntos de narcotráfico internacional durante una audiencia en la Cámara de Representantes, en Washington. Glenn sostuvo que sólo se logrará un progreso en la lucha contra el crimen organizado una vez que México desarrolle y comparta (con Estados Unidos) una estrategia integral para confrontarlo. El subsecretario insistió en que su gobierno “no conoce” la estrategia antidrogas de la adminsitración de López Obrador y sostuvo que la subsecretaria de Estado, Kirsten Madison, había viajado hace dos semanas a México para explicar la necesidad de que nuestro país comparta una estrategia con objetivos claros.
Será una declaración de mal gusto, pero Glenn tiene razón: nosotros tampoco conocemos la estrategia de seguridad, no sabemos cuál es y a qué objetivos quiere llegar. Hablar de pacificación, de programas sociales, de creación de la Guardia Nacional está muy bien, pero eso no es una estrategia, en todo caso son instrumentos para implementarla.
Los hechos de Culiacán demuestran no sólo esas carencias, sino, incluso, la necesidad de revisar todo lo hecho, porque lo sucedido define para el futuro inmediato un escenario distinto, diferente: ya enseñó a los grupos criminales un camino que recorrer. Nada impedirá ahora que ante una detención o la amenaza de una extradición, un grupo criminal pueda presionar no sólo en la ciudad o la región donde se produjo esa acción, sino a muchos kilómetros de distancia. Obliga a defender a familias de militares y policías, a cambiar y modernizar mecanismos judiciales anacrónicos para este tipo de combate. Obliga a revisar esa estrategia que no conocemos, pero que ha permitido once meses de relax a los grupos criminales y, por ende, los ha fortalecido. No ha redundado ello en pacificación: se ha incrementado el número de muertos, de violencia y de todos los delitos de alto impacto.
Nos falta también inteligencia. Más de un operativo fue exitoso (como las dos capturas de El Chapo Guzmán) porque se compartió inteligencia crucial con Estados Unidos, desde intercepciones telefónicas hasta ubicación satelital. Hoy no tenemos ese tipo de intercambio porque salvo para temas muy específicos fue cancelado. No ha habido extradiciones a Estados Unidos. Las oficinas de la Procuraduría, ahora de la Fiscalía, en los consulados mexicanos en la Unión Americana han sido cerradas, y ahí era donde se realizaba mucho del trabajo cotidiano de intercambio de información, de pedidos de extradición, de seguimiento de ciertos delitos y delincuentes.
Se equivocan quienes opinan que detrás del operativo de Culiacán estuvo Estados Unidos, más allá de la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán por sus actividades en el tráfico de fentanilo. Lo que hay es poca relación con Estados Unidos en estos temas. Y pensar que con una llamada de Trump, que no es precisamente un hombre estable, ocupado en los detalles y las estrategias de seguridad del día por día, se puede establecer esa relación, es un error grave. En Estados Unidos están molestos por la distancia en seguridad del gobierno mexicano y lo están haciendo notar.
Pregunta adicional: ¿no es de mal gusto que el esposo de la embajadora en Washington, quien vive en la residencia oficial y tiene pasaporte diplomático, opine cotidianamente en contra de la administración Trump e incluso del manejo de nuestra política exterior? Información Excelsior.com.mx