Por Pascal Beltrán del Rio
Hoy estamos a apenas diez días de que dé inicio la consulta sobre el futuro del nuevo aeropuerto.
Según ha dado a conocer el equipo de transición, este lunes se presentará la lista de los lugares donde los ciudadanos podrán emitir su opinión.
Ya el martes 9, Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, había adelantado que se instalarán mesas en los 538 municipios más poblados del país, que estarán abiertas para recabar los votos, del jueves 25 al domingo 28 de octubre, de las 8 a las 18 horas.
Ramírez Cuevas dijo, además, que habrá una encuesta y que Enrique Calderón Alzati, presidente de la fundación Arturo Rosenblueth, coordinará un grupo que avalará los resultados de la consulta.
Al momento de escribir estas líneas, eso es todo lo que podemos decir.
No sabemos cuál(es) será(n) la(s) pregunta(s) a formular para dilucidar si los ciudadanos quieren que se siga construyendo el aeropuerto en Texcoco o que el proyecto se mude a los terrenos de la actual Base Aérea Militar Número Uno en Santa Lucía. Tampoco, cuántas boletas se imprimirán y dónde se guardarán las que se recaben cada día.
Se ha dicho que la consulta será vinculante, pese a que no la ampara ninguna ley. No se sabe si habrá un mínimo de participación para considerarse válida, como ocurre con las consultas populares contempladas en el artículo 35 de la Constitución. No sabemos ni cuánto costará este ejercicio ni de dónde saldrá el dinero para realizarlo.
Tampoco, quiénes serán los escrutadores ni si habrá observadores acreditados para vigilar el desarrollo de la consulta.
Es decir, no se parece en nada ni a un proceso electoral ni a las consultas populares. Por cierto, éstas no pueden realizarse sobre los ingresos y gastos del Estado (fracción VIII del artículo 35 constitucional) y aquí lo que está a discusión es un gasto.
No sabemos si las boletas podrán imprimirse a tiempo y distribuirse en los 538 municipios. Como mera referencia, los 93 millones de boletas electorales de la elección presidencial tardaron 20 días en imprimirse y otros 20 en llegar a las juntas distritales del INE. Recordemos que hoy estamos a solamente diez días del inicio de la consulta.
A finales de la semana pasada se comenzaba a hablar del lanzamiento de una aplicación digital para que los ciudadanos pudiesen emitir su opinión mediante teléfonos celulares.
En ese caso, hay que recordar los problemas que tuvo la aplicación del INE para recabar las firmas de los aspirantes a candidatos independientes. Y cómo algunos de ellos fueron eliminados de la competencia por captar la imagen de fotocopias de la credencial de elector y no el plástico mismo. Ojalá que todas estas situaciones de potencial conflicto queden explicadas y resueltas con la información que se dará hoy.
Estoy de acuerdo con lo que dijo hace unos días Alfonso Romo, próximo jefe de la Oficina de la Presidencia: la consulta no es un juego.
No podría serlo, pues la discusión es demasiado importante. Si el próximo gobierno yerra en su manejo de este tema, podría crear la impresión —como escribió Luis F. Lozano en estas páginas el sábado pasado— de que no sólo no tiene una cultura de la legalidad, sino que, además, desprecia la ley y las instituciones como vehículos para generar y mantener condiciones que hagan posible la inversión privada en el país.
En su artículo, Lozano recordó que la cancelación del aeropuerto que se iba a construir en Texcoco marcó para muchos el fin del sexenio de Vicente Fox, cuándo éste no había llegado aún a su primer tercio.
¿Qué mensaje se enviaría al mundo si se terminan las obligaciones contractuales asumidas con los constructores y proveedores del NAIM?, se preguntó nuestro colaborador.
“Falta de certeza, ni con contratos te puedes blindar. Se envía un mensaje de que los compromisos legales asumidos por instituciones mexicanas no brindan certeza alguna a la inversión. Ahora, imagine usted lo que deben pensar las empresas petroleras que tienen firmados contratos de exploración por miles de millones de dólares”.
No, la consulta no es un juego, pero la próxima administración se juega mucho en ella.
Como se han dado las cosas, el resultado no va a depender tanto de la opinión de “la gente”, pues a la mayoría probablemente no le importa dónde se construya el nuevo aeropuerto.
El resultado va a ser el que el próximo gobierno quiera, pues él ha tenido el manejo casi exclusivo de la información —el gobierno actual, de plano, se retiró de la escena— y él decidirá cómo se lleva a cabo la consulta.
Así que más vale que decida bien. Porque la respuesta de los mercados bien puede marcar el rumbo de un sexenio que aún no comienza. Información Excelsior.com.mx