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Por Pascal Beltrán del Rio
He sostenido aquí que muchos de los problemas que tiene el país son producto de no respetar la ley. Le doy un ejemplo reciente:
Si los profesores de Michoacán están convencidos de tener la razón legal sobre los adeudos que tiene con ellos el gobierno del estado, lo que tendrían que hacer es acudir ante instancias judiciales y conseguir la orden de un juez para que aquél les pague.
Así no habría necesidad de bloquear las vías del tren con la consiguiente afectación a industrias para las que trabajan miles de personas.
Esos bloqueos son una violación al Estado de derecho y no hay autoridad que quiera retirar a los manifestantes de las vías. Eso quita certidumbre al clima para invertir. Si no hay inversión, no hay empleo ni desarrollo ni posibilidades reales de elevar de forma sostenida el nivel de vida de los habitantes del país.
La cosa es que se quiere resolver ese problema a la antigüita, con una presión que afecta a muchas personas que no son autoridades. No es sino cuando los empresarios comienzan a protestar, que el gobierno de Michoacán pide prestado dinero al gobierno federal –como un adelanto de sus participaciones– y dice que pagará. Los ciudadanos no nos enteramos qué tan real es el adeudo y qué tan legítima es la exigencia de pago.
Otro ejemplo: la lucha contra el robo de combustible. Nadie duda que se trata de un problema grave. Yo pienso que sería mejor que Pemex se saliera del negocio de los combustibles –porque es terriblemente ineficiente–, pero mientras siga ahí, hay que acabar con ese robo, que es un robo a la nación.
Pero ¿cuál es la solución que ha decidido adoptar el gobierno federal? Cambiar el sistema de distribución de combustibles, que se hace principalmente por ducto, y hacerlo ahora por pipa.
Para ello, el gobierno mandó comprar 671 pipas en Estados Unidos y se gastará entre 90 y 100 millones de dólares en eso.
Desde que comenzó a atacar este problema, el resultado ha sido un gran desabasto de gasolina en muchos estados del país y ni un solo huachicolero relevante detenido. No sólo eso: se ha informado que los ladrones de combustible siguen perforando los ductos. Y la gente de las comunidades por donde pasa la tubería continúa participando en el robo de combustible. En una de ellas ocurrió el flamazo que ha dejado más de cien muertos.
Según informó ayer el gobierno federal, las primeras pipas compradas –que se sumarán a las cerca de cinco mil que ya están dando el servicio– comenzarán a llegar en febrero.
¿La decisión garantiza que ya no se roben el combustible? La respuesta a esa pregunta es no. Leo una nota del periodista Héctor Molina, en El Economista, en la que cita información obtenida mediante una solicitud de transparencia.
Entre 2006 y febrero de 2018 –dice la nota– se presentaron 2 mil 39 denuncias por robo de pipas, una cada dos días. Eso en promedio, porque en 2017 hubo 261 denuncias, ya más cerca de una al día.
Creer que el robo de gasolina desaparecerá porque el combustible se transporte por pipa es un error. Es probable que se reduzca, sí. Pero no debiera tratarse de eso, sino de acabar con un negocio ilegal muy pernicioso que genera muchos otros delitos. Es decir, no se trata sólo de limitar las pérdidas económicas para Pemex, sino de vivir en un país más seguro.
Transportar la gasolina por pipa es 14 veces más caro y seguramente mucho más arriesgado que hacerlo por ducto. Eso también tiene un costo económico que alguien tendrá que pagar.
Lo que se ha hecho en esta campaña contra el robo de combustible es sacarle la vuelta a la aplicación de la ley al tiempo que se intenta terminar con un delito. Una contradicción, pues.
A las comunidades que son vecinas de los ductos de Pemex se les ha ofrecido dinero público, vía programas sociales, para que ya no sean parte del robo de combustibles.
Yo me pregunto qué tan eficaz será ese gasto, pues 1) la idea de comprar las pipas es depender menos de los ductos, ¿o no?, 2) el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha distinguido a los huachicoleros de los pobladores que participan en el robo de gasolina “por necesidad”, es decir, aquéllos no van a dejar de perforar los ductos por que les den una beca, y 3) no se puede esperar que los pobladores se conviertan en soplones de la autoridad a cambio de un beneficio económico del gobierno, pues eso pone en peligro sus vidas.
Hay resistencia a aceptarlo, pero la única solución real, la que produce efectos duraderos –de mejoría para la convivencia social y para la economía– es aplicar la ley. Para ello, la autoridad se puede apoyar en la tecnología disponible, pero tampoco hay atajos: es un trabajo duro y de resultados lentos. Pero hay que hacerlo. Alguien, eventualmente, tendrá que hacerlo. Información Excelsior.com.mx
