¿No pudieron o no quisieron?

Por: Pascal Beltrán del Río

Señalada por su indolencia frente al debilitamiento de las instituciones y la falta de credibilidad de la democracia, la clase política tenía la oportunidad perfecta de redimirse.

La sociedad civil le había puesto en bandeja de plata la posibilidad de borrar las faltas del pasado a cambio de permitir la supervisión de lo que hiciera a futuro. Ése era el destino del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado por una reforma constitucional en mayo de 2015. Lo único que tenía que hacer era renunciar a lo de siempre, a su resistencia al cambio.

La gente, está claro, no quiere más de lo mismo. Las exhibiciones escandalosas de patrimonialismo que efectuaron los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Sonora, entre otros, han marcado un hasta aquí. Hay países donde lo hecho por Javier Duarte habría provocado un estallido de violencia. Por muchas razones, era deseable buscar otra salida: la legal, la institucional, la política.

Las organizaciones de la sociedad civil han tenido frente al fenómeno de la corrupción una actitud ejemplar: señalar el mal, pero también la solución. Por algún motivo, la clase política ha interpretado esto como un permiso para persistir en conductas que han provocado un enorme malestar ciudadano. ¿Sabe por qué? Porque en realidad no quiere cambiar.

Y si el mal uso de los recursos públicos fuese el único de sus pecados, la situación quizá no sería tan grave. Pero junto con ella vienen la descomposición de la seguridad pública y muchas cosas más.

Más de dos años han tardado los partidos políticos en construir el SNA. Y el martes pasado nos enteramos que éste no estará listo en la fecha que los propios partidos, mediante sus representantes en el Congreso, pusieron como límite: este 18 de julio. No lo hicieron en sucesivos periodos ordinarios de sesiones. Y cuando tenían una última oportunidad, en un periodo extraordinario, no consideraron grave fallar de nuevo. Ni modo, no se pudo, fue todo lo que alcanzaron a decir.

Como pretexto pusieron el desacuerdo de los partidos sobre el grado de autonomía que debía tener la nueva Fiscalía Anticorrupción y la forma en que ésta interactuaría con la nueva Fiscalía General.

A esos desacuerdos se sumó la pelea sobre los resultados electorales en Coahuila, y todo se pudrió.

Uno puede cargar la culpa más a un partido que a otro —según las distintas visiones sobre el tema—, pero se les paga a los legisladores, y no poco, para llegar a acuerdos. Ya sabemos que los mexicanos no coincidimos en todo, pero para eso hay una democracia, un sistema de partidos y un Congreso: para construir consensos.

Ya sé que está choteada la propuesta, pero más valdría que los legisladores tuviesen la decencia de reconocer que no pudieron y renunciar a sus cargos para que sean otros los que lo intenten. No era un tema cualquiera. Era la última oportunidad para que la clase política reconociera los males que ella misma había provocado; que dejara de propiciarlos y beneficiarse de ellos, y permitiera la creación de un nuevo ente de fiscalización. Sinceramente, no era mucho pedir.

Pero ¿qué hizo, además de declararse incompetente para echar a andar en tiempo y forma el SNA? Algo vergonzoso: filtrar infamias contra el trabajo del grupo que seleccionó a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA.

Ahora, esa misma clase política tendrá que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Es evidente que no habrá SNA en julio. Tampoco en agosto ni en septiembre.

Pronto comenzarán las campañas rumbo al 2018 y la única prioridad de los partidos será pelear por los cargos desde los cuales no sirven a los ciudadanos, pero sí se sirven a ellos mismos. Y mucho. Ya lo verá usted: llegará el fin del periodo de la Legislatura y del Ejecutivo y no estará en funcionamiento el SNA. Y visto lo que ha pasado, quizá sea lo mejor, pues no faltarían las tentaciones para utilizarlo políticamente.

Hoy estamos ante el grave riesgo de que la salida institucional al problema de la corrupción quede del todo desprestigiada. Y que la sociedad comience a valorar las soluciones voluntaristas del tipo “cuando yo llegue a la Presidencia, se acabará la corrupción”. No faltarán quienes, ante lo ocurrido, ponderen ese tipo de arreglos mágicos, por mucho que la lógica y la experiencia internacional muestren que siempre terminan mal, muy mal. Información Excelsior.com.mx