Por Yuriria Sierra
Las equivocaciones no tienen justificación cuando hay antecedentes que nos ayudan a evitarlos. Aplica para todo y para todos. Hace menos de tres semanas, escribimos en este espacio aquella decisión del Congreso de Nuevo León, que daba a los médicos en el estado la libertad de decidir dar atención según sus creencias éticas o religiosas.
Pese a la promesa del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón de vetar la objeción de conciencia de la Ley Estatal de Salud, lo único que quedó fue otra promesa, de la misma fuente, en la que se expresa que se buscará la coexistencia del derecho de los médicos, de aquellos en contra, pero también de quienes están a favor de tener esta herramienta que los proteja ante la ley en caso de negarse a atender a una persona. La ley, pues, ahí está. Es una realidad que, como escribimos también en ese entonces, pensaríamos que hablamos de un territorio tan lejano donde ser homosexual es castigado con cárcel o la muerte, pero no, hablamos de un lugar a una hora de vuelo de la CDMX.
Y como efecto dominó, si en Nuevo León un médico puede decidir si salva la vida o deja morir a una persona que ama a otra de su mismo sexo, si practica o no un aborto a una joven menor de edad que quedó embarazada tras ser abusada por un familiar o a una mujer seropositiva, infectada por su esposo, quien cometió repetidas infidelidades, ¿por qué no una directora puede expulsar a un alumno por tener un familiar homosexual? Total, si las vidas se pueden poner en riesgo, ¿qué más da una expulsión?
La historia sucedió en Monterrey: le ocurrió a un estudiante de la Escuela Secundaria 12 por vivir con un tío homosexual; los directivos de la institución consideraron que eso ponía en riesgo el prestigio del plantel y la seguridad de los demás estudiantes. Siglo XV en pleno XXI. Y aunque el alumno ya fue reinstalado, ¿de verdad aún estamos dispuestos a llegar a esto?
La Secretaría de Educación del estado asegura que condenan todo acto discriminatorio y que viole los derechos humanos. Sin embargo, aún no son capaces de garantizar que sea una realidad, ni siquiera para la realización de un trámite. Lo reportó ayer La Jornada: “Integrantes del colectivo Movimiento por la Igualdad en Nuevo León dijeron que no han podido realizar las inscripciones de sus hijas e hijos a escuelas públicas, debido a que el formato no permite hacerlo a tutores del mismo sexo (…). Según padres de familia heterosexuales, no solamente las familias homoparentales tienen problemas para la inscripción de sus hijos, sino padres o madres solteras o viudos…”. Jalan parejo: sólo reconocen a lo que entienden como “familia natural”.
Éste es el peligro de la objeción de conciencia. Tantas posibilidades que caben en ella, todas encaminadas a ir contra la libertad y los derechos más básicos de cualquier persona. Al parecer, los derechos en aquel estado son una batalla con años de retraso. Ojalá que la conquista de ellos, no cueste otros tantos más. Información Excelsior.com.mx