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CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) –
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue entregado la mañana de este jueves a las autoridades mexicanas por parte del Gobierno de Panamá para enfrentar acusaciones de corrupción en el país
Después de hacer dos evaluaciones médicas por parte de especialistas mexicanos y panameños, el exgobernador vuela hacia México y ha quedado a disposición del gobierno de México, detallaron las autoridades panameñas.
De acuerdo con el protocolo, un avión de la PGR llegará cerca del mediodía al hangar de la dependencia en el AICM con el imputado.
Posteriormente un convoy trasladará a Roberto Borge al centro de justicia federal del poder judicial de la federación a un costado del palacio municipal de Nezahualcoyotl, donde se pondrá a disposición del juez de control Enrique Beltrán Santés, informó EFE.
Se espera que en la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación otorgue elementos de prueba para justificar la detención de Roberto Borgue y buscar que el juez califique de legal la detención.
En caso que el imputado y su defensa soliciten ampliación del término constitucional para su vinculación a proceso, el juez dictará medidas cautelares de presión preventiva Roberto Borge.
La Fiscalía General de Quintana Roo informó el martes que una vez que sea extraditado a México, Roberto Borge Angulo será procesado por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.
Borge está implicado en la venta de terrenos del estado de Quintana Roo, a través de testaferros, a precios inferiores a los del mercado, y en la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas.
Durante la administración de Borge como gobernador de Quintana Roo, una red conocida como #LosPiratasDeBorge remató terrenos de propiedad pública en dicha entidad turística a través de familiares, empleados y personas cercanas, y realizó despojos en diferentes lugares del estado.
Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad corroboraron cómo empresas y particulares fueron afectados a través de una maquinaria institucional operada por una red que involucra a funcionarios públicos del gobierno del miembro del priista Borge.
La Secretaría del Trabajo local y las Juntas de Conciliación y Arbitraje fueron empleadas como instrumento para que supuestos trabajadores reclamaran indemnizaciones millonarias y dejaran sin su patrimonio a propietarios en las zonas turísticas de Quintana Roo, Tulum, Isla Mujeres y Holbox.
En septiembre, durante su estancia en el penal de Panamá, Borge hizo una huelga de hambre como protesta a las condiciones en las que, de acuerdo con su defensa, eran infrahumanas.
