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Mérida, Yucatán, 22 de abril de 2020.- Ante la situación sanitaria por el coronavirus (COVID-19), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) hizo un llamado urgente a las autoridades para tomar medidas ante los casos de violencia hacia las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, poner un alto a las agresiones contra personal médico y garantizar la libertad de tránsito y el respeto a los derechos humanos en la implementación de medidas de prevención de contagio en la entidad, entre otros puntos.
La CODHEY hizo el llamado, dirigido al Gobernador, Mauricio Vila Dosal; a la presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Yucatán, Janice Escobedo Salazar; al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, Ricardo de Jesús Ávila Heredia; los H. Ayuntamientos del Estado de Yucatán; a los medios de comunicación y a la sociedad en general, para garantizar un absoluto respeto a los derechos humanos en las medidas que se dicten para salvaguardar el derecho a la salud pública con motivo de la emergencia sanitaria.
En el primer punto, se pide preservar la legalidad y seguridad jurídica en todas las medidas de prevención.
Si bien es cierto, que ha sido decretada una emergencia sanitaria para proteger la salud pública y evitar una propagación y contagio que ponga en grave riesgo a la sociedad, no por ello, deben establecerse restricciones o límites a los derechos humanos, sin la observancia de la ley, o bien, que en forma desproporcionada impliquen una vulneración innecesaria, no justificada y por una temporalidad indeterminada.
Por tal motivo, es importante hacer un llamado especial en relación a lo siguiente:
Que se garantice que toda restricción o límite a los derechos humanos no genere impactos negativos o desproporcionados en el goce de otros derechos, o bien, contravengan el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, por lo que las acciones de control sanitario que se estén implementando o que se vayan a implementar, deben ponderar la salud pública, integridad física y psicológica, pero sobre todo, la vida de toda la población en nuestra entidad, absteniéndose en todo momento, de abusar de su cargo como servidores públicos y/o de realizar cualquier acto de discriminación.
Las medidas que el Poder Ejecutivo y los municipios deben prever su publicidad considerando criterios de interculturalidad y de restringir o limitar la libertad personal, como el libre tránsito de los ciudadanos, debe ponderarse la eficacia de la medida impuesta con el objeto de salvaguardar la vida y la salud, pero también encontrarse dentro del marco de la ley, con apego a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 1 y el numeral 11 ambos de la Constitución Federal, y el apartado 1 del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Esto conlleva a evitar que la población decida y actúe por sí misma, cerrando accesos, realizando persecuciones, estableciendo cercos alrededor de casas; por mencionar hechos que han sido dados a conocer a este organismo y que, sin duda, vulneran derechos humanos.
El segundo punto, es un llamado a garantizar la igualdad, no discriminación y progresividad de los derechos sociales y económicos como el trabajo, la seguridad social, salud, educación, alimentación, agua y vivienda.
Se reconoce que las medidas sanitarias impuestas en forma indirecta han ocasionado una afectación en los derechos sociales y económicos de gran parte de la población yucateca, sobre todo, de quienes se encuentran en las zonas rurales y comisarías, por lo que se debe procurar la mayor cobertura posible y hasta el máximo de los recursos disponibles.
El tercer punto señala garantizar la igualdad, no discriminación e integridad física y psicológica de las personas que trabajan en el sector salud.
Este organismo protector de los derechos humanos ha tenido conocimiento y documentado hechos en los que la sociedad yucateca ha discriminado y violentado a las personas que trabajan en el sector salud, así como también ha recibido una queja anónima en la que nos dan a conocer que en un hospital de nuestra entidad se carecen de los insumos necesarios para salvaguardar la salud de médicos(as), enfermeros (as), administrativos (as) y demás personal que ahí trabaja.
El cuarto punto se refiere a garantizar el derecho a una vida libre de violencia de niñas, niños, y adolescentes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo acciones para salvaguardar su integridad física y psicológica durante esta pandemia, debido a que el distanciamiento social y el llamado continuo de las autoridades de permanecer en casa los pone muchas veces en un entorno de violencia y discriminación, lo que constituye un riesgo para su integridad física y psicológica.
En Yucatán persiste aún la cultura machista que, muchas de las veces, genera violencia familiar en detrimento de los derechos humanos de las personas más vulnerables.
Por ello, nuestra más sincera y urgente petición, para que todas las autoridades, familias y sociedad en general, procuremos entornos libres de violencia, sobre todo para nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres, siendo corresponsables de la salvaguarda de sus derechos.
El quinto punto es respecto a garantizar la salud de las personas privadas de su libertad y personal que labora en los Centros de Reinserción Social de Tekax, Ebtún y Mérida, en el Centros de Reinserción Social femenil, Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), los centros de detención estatales y municipales, el hospital psiquiátrico; y en general, a personas internadas o albergadas en refugios y centros asistenciales.
La CODHEY reconoce los esfuerzos realizados por el Ejecutivo Estatal y los Presidentes Municipales de los 106 Ayuntamientos para garantizar el mayor disfrute de la salud pública, pero también hace un atento llamado para que consideren por todo y, sobre todo, los derechos humanos.
Para finalizar se hizo un llamado enérgico y urgente a la sociedad para dar cumplimiento a las medidas sanitarias dictadas por las autoridades, pues su eficacia para contener y preservar el disfrute de nuestros derechos requiere necesariamente de su disposición.
