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Ciudad de México.- Dos ex colaboradores de Rosario Robles y el apoderado de una universidad pidieron hoy a una magistrada cancelar el proceso que les iniciaron por una presunta contratación ilegal de 400 millones de pesos de la “Estafa Maestra”, argumentando que la imputación carece de asidero en la ley y en los hechos.
Los ex funcionarios comparecieron esta mañana en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte a una audiencia de aclaración de agravios ante Isabel Porras Odriozola, magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal, para exponerle los argumentos con los cuales piden revocar la vinculación a proceso.
Los procesados son Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros, y José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario, ambos de Sedesol; y José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH).
El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece un plazo de tres días, contados a partir de esta audiencia de alegatos aclaratorios, para resolver la apelación, en este caso contra la vinculación a proceso.
La Fiscalía General de la República les imputa la suscripción de un convenio en 2015 entre la Sedesol y la UPCH para supervisar, monitorear y mejorar los comedores comunitarios del Estado de México, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
La Sedesol depositó 400 millones de pesos a la universidad y, aunque ésta dijo que tenía la capacidad para suministrar los servicios, subcontrató en 276 millones de pesos a Productos Serel, de Jack Landsmanas, una suma que rebasa el 49 por ciento de lo permitido por la norma.
Durante la audiencia, Rodolfo de la Guardia, abogado de Aguilar, expuso que el porcentaje máximo de la subcontratación no está previsto en la Ley de Adquisiciones, sino en su Reglamento.
Por lo anterior, indicó que la imputación no tiene un asidero legal porque las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indican que para señalar una conducta como “indebida”, debe atenderse únicamente a las normas emitidas por el Poder Legislativo y el reglamento en cuestión no lo es.
El otro argumento que expuso es que la FGR se basa en hechos incorrectos para afirmar que la subcontratación de la UPCH fue del 69 por ciento.
La Fiscalía señala en su imputación que la universidad no tenía la capacidad técnica, material y humana para proveer a la secretaría, porque uno y dos días después de suscribir los contratos específicos y recibir los recursos, subcontrató a Productos Serel.
El elemento fáctico que trajo la Fiscalía es falso, tan es así que la juez (que vinculó a proceso) dijo que el 69 por ciento se acreditaba con las facturas de pago y no por los contratos de uno y dos días después que menciona
Diego Madrazo Labardini, defensor de Torres y Montoya, dijo que en el caso de sus clientes ni la FGR ni la juez que los vinculó a proceso aclaran cuál es la ley que violaron y en dónde se origina lo indebido del actuar que les atribuyen.
Otro de los abogados de los ex funcionarios, Francisco Áureo Acevedo, expuso que en este proceso está ausente la conducta delictiva y los elementos que relacionan a los imputados con el ilícito.
Los fiscales federales, encabezados por Mónica Martell y Mario Fonseca, reiteraron que sí existe una norma violada, el artículo 217 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que sanciona el delito que les imputan. Por ello, pidieron ratificar la vinculación a proceso. Información debate.com.mx
