Por Ángel Verdugo
La apertura de las economías y su incorporación a la globalidad generan, lo entendamos y aceptemos o no, beneficios tangibles y otros que, si bien difícilmente podríamos cuantificarlos, en determinados momentos son de mayor importancia que aquéllos. La tienen porque, las más de las veces tienen que ver con la gobernación y el papel que juega el Estado de derecho y la cultura de la legalidad en lo que en la globalidad es de fundamental importancia: la generación de un ambiente adecuado para atraer inversión y crear fuentes de empleo.
Hoy, dadas las condiciones que la globalidad ha generado, prácticamente en todos los países, es imposible concebir una economía exitosa que no respete lo dicho arriba. De ahí que una de las tareas primeras y prioritarias de la gobernación sea, sin duda, el hacer respetar la ley sin distingos y sin excepciones.
En América Latina, dada nuestra cultura política y la historia marcada por caudillos y caciques que han hecho de la ley y su respeto una bola de plastilina para moldearla a gusto de los poderosos, política y económicamente hablando, no se nos da fácilmente eso de hacer valer el Estado de derecho y lo que implica.
De ahí que, cuando un país como el nuestro abre su economía por razones de índole diversa, el choque de nuestra realidad con las reglas –escritas y no escritas– generadas por la globalidad, genera tensiones, las cuales no siempre son procesadas y resueltas de manera correcta, es decir, dentro de lo que establece la ley.
Junto con la apertura de las economías y los avances en las comunicaciones, han dado por resultado que a los conflictos, que no hace muchos años nos pasaban inadvertidos, hoy los sigamos prácticamente en tiempo real. No se requiere mucho para seguir el comportamiento de las fuerzas en conflicto, y tampoco para conocer sus decisiones y medidas tomadas para enfrentarlo.
La ventaja de lo anterior tiene que ver, esencialmente, con la capacidad que tenemos hoy de poder analizar el comportamiento del gobernante y el gobierno que encabeza y también, de la contraparte. En consecuencia, podemos ver —repito, en tiempo real—, si el gobernante actúa conforme a lo que mandata la ley y, sobre todo, nos damos cuenta si su gobernación hace valer el Estado de derecho y hace respetar la ley o, como frecuentemente sucede en América Latina y en México es casi norma, manejamos la ley como si fuere, dije antes, una bola de plastilina.
El conflicto que se vive en España desde hace algunos meses de manera abierta —entre los gobiernos de Cataluña y el de España—, nos ha mostrado algo que por estas latitudes es poco frecuente o quizás, impensable: El gobernante, por encima de consideraciones de cualquier otra índole, hace respetar la ley, y para ello, utiliza todos los elementos legales que tiene a su disposición, sin que le tiemble la mano.
La actuación de Mariano Rajoy durante esos últimos días es, a querer y no, una cátedra de lo que debe ser la gobernación en una democracia y también, en lo que se refiere a la actuación del gobernante, para hacer que la ley sea respetada por todos, sin distingo alguno y sin consideración alguna que tenga que ver con la popularidad e imagen del gobernante, menos aún con la corrección política.
Al ver su actuación, la pregunta es inevitable: ¿Por qué nuestros gobernantes, tanto el del orden federal como los del estatal y municipal, no actúan así? ¿Acaso es tanto el pánico a perder popularidad, que no les importa atropellar la ley?
Información Excelsior.com.mx