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Por Eduardo Ruiz-Healy
En 2002, que fue el cuarto año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, había menos pobres que en 2018, que fue el último año de la administración de Enrique Peña Nieto.
Lo anterior de acuerdo con el reporte Pobreza en México 2022 elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el organismo constitucional autónomo creado en 2004 con el objeto de “generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México”.
El reporte señala que de 2018 a 2022 la población en situación de pobreza disminuyó del 41.9% al 36.3%, que la población en situación de pobreza moderada bajó del 34.9% al 29.3%, que la población en situación de pobreza extrema aumentó ligeramente, del 7.0% al 7.1% y que la población vulnerable por ingresos se redujo del 8.0% al 7.2%.
Sin embargo, la población vulnerable por carencias sociales aumentó del 26.4% al 29.4% debido, sobre todo, a que los que viven sin acceso a los servicios de salud creció del 16.2% al 39.1%.
Este último dato corrobora que fue equivocada la politizada decisión de AMLO de decretar la disolución del Seguro Popular a finales de 2019 para sustituirlo por el fallido Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que funcionó del 1 de enero de 2020 hasta el 25 de abril pasado, cuando por órdenes del líder de la 4T fue desaparecido por la mayoría de los diputados lopezobradoristas. Los servicios que proporcionaba fueron asumidos por el IMSS-Bienestar.
Sobre el tema del sistema de salud de nuestro país se publicó el 7 de agosto, en la prestigiosa revista británica especializada en temas de salud, The Lancet, un artículo titulado “Setbacks in the quest for universal health coverage in Mexico: polarised politics, policy upheaval, and pandemic disruption (en español: Contratiempos en la búsqueda de cobertura universal de salud en México: política polarizada, revuelo en las políticas y perturbación por la pandemia).
El extenso artículo, que puede leerse en https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)00777-8/fulltext#%20, fue investigado y redactado por un equipo de 17 investigadores y académicos encabezados por Felicia Marie Knaul, del Instituto de Estudios Avanzados de las Américas y del Departamento de Ciencias de Salud Pública de la Universidad de Miami. Señala que la disolución del Seguro Popular en enero de 2020 marcó un periodo de incertidumbre, coincidiendo con la devastadora pandemia de COVID-19. Esa decisión, en ese momento crítico, pudo haber incrementado la vulnerabilidad de México frente a la pandemia. Esto muestra cómo las decisiones en salud pueden estar influenciadas por factores políticos y cómo es vital que estas decisiones estén basadas en evidencia sólida y no en la polarización o el populismo.
Los investigadores recomiendan que las reformas de salud deben ser equilibradas y resilientes, protegidas de las dinámicas políticas volátiles. Para garantizar una atención sanitaria adecuada, es esencial contar con sistemas robustos que puedan enfrentar adversidades políticas y calamidades inesperadas. También sugieren que las futuras iniciativas estén cuidadosamente planeadas, basadas en evidencia y sean resistentes a los cambios políticos.
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