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En relación a la información que ha trascendido respecto a la devolución o reintegración como consecuencia del presunto uso y destino indebido de recursos públicos federales por algunas autoridades pertenecientes a la administración que encabezó el C. Roger Alcocer García, del Ayuntamiento 2012-2015, esta administración municipal presidida por la LEP Alpha Tavera Escalante, afirma:
No obstante que los expedientes administrativos de obra no nos fueron proporcionados en el proceso de entrega recepción, dada la importancia por el grado de afectación al patrimonio público y la evidente necesidad de acreditar el estado de cosas respecto a la inexistencia o poco avance de dichos trabajos, en principio se procedió a integrar todos los elementos documentales posibles, lo que nos permitió elaborar y presentar las tres demandas ante la Procuraduría General de la República, el día 12 de agosto de 2016.
Las obras consistentes en la construcción de la Plaza de la Jarana y el Museo Regional en el sitio de la antigua estación de ferrocarriles, en el barrio de San Juan, tuvieron un monto asignado de $7,000,000, proveniente del Ramo 23 (Provisiones salariales y económicas del Fondo de Cultura 2015), que debieron tener como destino único la construcción de dichos espacios públicos.
La construcción de la Biblioteca Municipal, en el mismo sitio arriba citado, se le asignó la cantidad de$4,300,000; cuya fuente financiera y presupuestal, fue el Ramo 23 (Provisiones salariales y económicas del Fondo de Cultura 2014).
La construcción de la Unidad Deportiva que se situaría en la colonia Fernando Novelo de esta ciudad de Valladolid, también se le asignó una cantidad igual de $7,000,000; proveniente del Ramo 23 (Provisiones salariales y económicas del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015).
En cumplimiento de nuestra alta obligación, al igual que a la autoridad ministerial federal, se hizo del conocimiento de la Auditoria Superior de la Federación. Ambos expedientes se encuentran en proceso, y se espera que se agoten todas las diligencias necesarias hasta lograr el total resarcimiento de los daños al patrimonio público, se deslinden las respectivas responsabilidades y se le cumpla al municipio en la terminación de estos trabajos.
