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Por Francisco Garfias
El asunto del fiscal electoral cesado fulminantemente gravita en serio en la vida parlamentaria. Otra vez hubo agarrón en el Senado, a pesar de que el tema apenas se tocó en tribuna.
De nuevo se salieron y regresaron legisladores de oposición, por dudas en el procedimiento de votación del dictamen sobre Derecho de Audiencias que suprime capítulos que atentan contra la libertad de expresión.
Lo hicieron luego de que Manuel Bartlett, coordinador de los senadores del PT, mezclara el tema del fiscal electoral en la discusión sobre la forma como se votó la minuta sobre el citado Derecho de las Audiencias.
Fernando Herrera, jefe de la bancada del PAN, dijo que su grupo se retiraba para hacer “reflexiones” sobre el Derecho de las Audiencias.
Javier Lozano, de los llamados senadores rebeldes del azul, preguntó mordaz en el micrófono: ¿Reflexionar sobre qué? ¿La libertad de expresión?
Afortunadamente la oposición regresó al salón para debatir sobre la Ley de Ingresos. No les conviene aparecer como secuestradores de la citada ley.
No hay argumento que alcance para justificar el voto secreto, o en urna, en el ejercicio de la facultad de objeción del cese de Nieto que tiene el Senado.
El tema es de interés nacional. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen sus representantes en las cámaras.
Hay más: a Santiago Nieto lo eligieron en votación abierta los mismos que ahora lo quieren correr en votación cerrada, con el cuestionable alegato de que violó el “código de conducta” de la PGR.
Debe haber una poderosísima razón —no confesable— detrás de la intransigencia del PRI y del PVEM en el tema de la votación abierta.
No convence el alegato de que, si es restituido, Nieto podría ejercer represalias en contra de los senadores que hayan apoyado la destitución y que tengan agenda para 2018. Eso es razonar con prejuicios lo que sería la postura del fiscal si gana la objeción.
Manuel Bartlett, coordinador del bloque PT-Morena, dice lo que muchos piensan en la calle: protegen a los responsables de los diez millones de dólares que (supuestamente) fueron a dar a la campaña del PRI en 2012.
Agregó:
“Se han montado en una posición absurda de hacer una sesión rocambolesca. Preguntas y más preguntas (34 al fiscal; otras 34 al encargado de despacho de la PGR).
Y luego votar en secreto, lo que es una agresión”, puntualizó.
Mantener el voto en cédula da lugar a suspicacias. Nadie se entera de cómo votó tal o cual senador.
La correlación de fuerzas en esa Cámara favorece a la oposición, que quiere ver los votos en el tablero electrónico cuando se aborde el tema Nieto.
Pero en lo oscurito quién sabe…
A Emilio Gamboa, jefe de la bancada del PRI, le irrita que se diga que hay senadores que venden su voto. A los opositores que han difundido esa versión los ha llamado “groseros”.
Pero negar que hay sobornos en el Congreso es aplicar la máxima salinista del que “no ve, ni oye”.
Este reportero lleva más de dos décadas caminando el Senado y la Cámara de Diputados. Hemos denunciado chanchullos, moches, opacidad, muchísimas veces.
La cuenta en Twitter de los llamados senadores rebeldes del PAN puso ayer en el centro de sus críticas al jefe Diego, quien coincide con la PGR en que Nieto ”violó la ley” al dar a conocer el contenido de una carta de Emilio Lozoya.
Debajo de la foto de Fernández de Cevallos se leía:
“El doble juego de @RicardoAnayaC en el asunto de @SNietoCastillo. Su representante anda del lado contrario, obvio con su permiso”.
De ese tamaño es ya la división en el PAN.
Andrés Manuel López Obrador sí mete las manos al fuego por dirigentes del PT acusados de manejar recursos de procedencia ilícita por 100 millones de pesos.
Hablamos, en concreto, de Héctor Quiroz García, presidente del PT en Aguascalientes, y de María Guadalupe Rodríguez, esposa del líder perpetuo de ese partido, Alberto Anaya.
Ambos transfirieron a cuentas personales los 100 millones de pesos que el gobierno de Nuevo León les dio para Centros de Desarrollo Infantil del PT.
En declaraciones que hizo ayer en Navolato, Sinaloa, pidió al presidente Peña que rectifique en la decisión de perseguir a los dirigentes del PT.
Instó al primer mandatario a ponerse por encima de las venganzas políticas. “Se tiene que procurar la justicia, no la venganza”, dijo el tabasqueño.
Según El Peje, la venganza es porque el PT apoyó a Delfina Gómez, candidata de Morena, en las elecciones del Edomex. Información Excelsior.com.mx