Por Yuriria Sierra
El paso de los días, el regreso inevitable al cotidiano y la normalidad (que pedimos llegue distinta, renovada, con ganas) traen consigo también muchas preguntas. El sismo dejó a miles de damnificados que hoy esperan por certezas sobre el futuro: ¿En dónde vivirán cuando la ayuda deje de llegar? ¿Cómo recuperarán sus bienes: muebles, ropa, documentos que no pudieron rescatar? ¿Cuánto les costará regresar a la vida que construyeron con quién sabe cuántos años de trabajo? ¿Y los seguros? ¿La escuela de sus hijos?
Y es que todas las respuestas llegarán sólo si también se nos responden otras, y que tienen que ver con las razones que hicieron que un fenómeno natural como lo es un sismo, tuviera las dimensiones que hoy conocemos: ¿Quién responderá por los permisos de construcción que permitieron que se levantaran edificios de tan mala calidad? ¿Cuánto pagaron para ello las inmobiliarias responsables? ¿A quiénes les deben el favor? Hoy nos enteramos de que quienes construyeron uno de los edificios colapsados en la colonia Portales, y que había sido ocupado hace apenas unos meses, no responden las llamadas de sus clientes. ¿Alguna autoridad los obligará a dar la cara? También sabemos que en el terreno que ocupó la fábrica de textiles que cayó en el cruce de Bolívar y Chimalpopoca, ya sólo quedan las ofrendas colocadas en memoria de las personas que murieron entre los escombros. ¿Cuál fue la prisa para acelerar la limpieza del lugar? ¿Quién ofrecerá explicaciones sobre las tantas dudas que el sismo reveló sobre las condiciones laborales de las personas, en su mayoría mujeres, que perdieron la vida ahí? ¿Quién dará la cara por todas las irregularidades en materia laboral, de desarrollo urbano, de vialidad, de calidad de servicios públicos y un largo etcétera, que se evidenciaron tras el terremoto del 19 de septiembre? ¿Quién dará esas certezas que nos digan que tras este trágico episodio no se volverá a permitir ningún acto de corrupción?
Y no sólo se trata de resolver las incógnitas que se revelaron con el o los sismos, porque tampoco olvidamos el del 7 de septiembre, sino también de resolver aquellas otras que tienen que ver exclusivamente con el funcionamiento del Estado en medio de estas contingencias. Vimos la polémica en Morelos sobre las dudas en la vía en que se canalizaba la ayuda a los afectados; el gobernador me dijo en televisión nacional que, para evitar suspicacias, se someterían a la lupa de Transparencia Mexicana, organización que desmintió ésto a las pocas horas. Ayer, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, dijo oportunamente que cada peso que sea destinado a los damnificados irá con un GPS. Metáfora, por supuesto, pero la Secretaría de Hacienda quiere garantizar que cada aportación ciudadana y del presupuesto tenga la garantía de no ser un recurso desviado ni mal utilizado por las autoridades que se encarguen de entregarlos.
Muy bien por Meade y por Hacienda, pero, ¿y el resto? ¿Quién responderá en el Gobierno de la Ciudad de México por las licencias de construcción indebidas? ¿Quién por las que dieron uso de suelo erróneo? ¿Quién por dictámenes falsos que, con la tragedia encima, buscan hacer habitables edificios en evidente riesgo de colapso? ¿Quién en los gobiernos estatales? ¿Y en aquellos en que habrá elecciones para gobernador? ¿Quién saldrá a decir que la solidaridad del pueblo mexicano es maravillosa, pero que el gobierno se compromete a que nunca más hará falta ninguna donación, porque los recursos son debidamente utilizados? ¿Cuándo los partidos políticos en México reconocerán que ellos funcionan con dinero que viene de nuestros impuestos y dejarán de creer que ese dinero es suyo, como para que todavía la piensen en regresarlo?
Son muchas las preguntas que vienen tras el sismo. Sería también una tragedia que no llegaran las respuestas…
Información Excelsior.com.mx