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Con la finalidad de brindar mayor seguridad, certeza jurídica y protección a los derechos de los usuarios de servicios de transporte privado contratado a través de las plataformas digitales, la senadora Minerva Hernández Ramos, integrante del GPPAN, propuso su regulación.
La también secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público planteó modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La legisladora por el estado de Tlaxcala señaló que si bien es cierto que este tipo de empresas contribuye a resolver una serie de problemas que enfrentan las autoridades en su objetivo de garantizar un servicio de transporte individual eficiente, seguro y de calidad, también se han enfrentado problemas relacionados con la seguridad de los usuarios y con transgresiones a los derechos de los consumidores.
“Se ha observado que las empresas que emplean plataformas electrónicas para transporte privado de personas han incurrido en diversas transgresiones a los derechos de los usuarios, por lo que es urgente su regulación con la finalidad de dar certeza y seguridad jurídica a los proveedores y consumidores”, indicó.
Bajo estas circunstancias, la senadora integrante de la Comisión de Economía propuso el registro obligatorio del contrato de adhesión y de las empresas que presten dicho servicio, el cual será actualizado bimestralmente ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
“Con ello, estas empresas se sujetarán a la legislación y competencia de las autoridades y tribunales de nuestro país, para evitar que los usuarios se sometan al arbitraje o a la mediación de otro Estado extranjero”, apuntó.
Además, pretende que la empresa se haga responsable ante cualquier reclamación o daño causado por el operador del servicio, para evitar exonerar a estas empresas de cualquier responsabilidad derivada del servicio de transporte, ya sea civil o penal.
La legisladora por el estado de Tlaxcala sostuvo que con estos cambios se podrá conocer la identidad del conductor y los datos del vehículo previo al abordaje; eliminar cobros indebidos; desglosar y transparentar la tarifa, y evaluar a choferes y pasajeros.
Hernández Ramos recordó que desde 2013 Uber y Cabify, en particular, iniciaron operaciones en México y han crecido de manera acelerada, ofreciendo el servicio de transporte particular a consumidores que tenían necesidades de movilidad no satisfechas, y que podían acceder a una tarjeta de crédito y a un teléfono móvil.
“No obstante, en lo referente a la seguridad y la movilidad, estas nuevas alternativas de transporte no han implementado medidas de seguridad, pues frecuentemente se observan delitos cometidos por los conductores que prestan este servicio”, asentó.
Por ello, aseguró que su iniciativa busca proteger el bienestar del consumidor mediante una regulación que, “de ninguna manera limitará ni pone barreras a la libre competencia, por el contrario, garantizará un servicio eficiente, seguro y de calidad”, aseveró la panista.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Economía y de Estudios Legislativos para su análisis.
