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La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó este martes su primera iniciativa en la actual legislatura, para eliminar la figura del “fuero constitucional” de los servidores públicos y establecer la “inmunidad constitucional”, que abriría la posibilidad de sujetar a proceso penal a los altos funcionarios, incluido el Presidente de la República.
Pablo Gómez Álvarez, diputado de Morena, presentó la iniciativa con el aval de su bancada, con la que propone modificar los artículos 11, 38, 61, 74, 108, y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
Desde la tribuna, el legislador dijo que se trata de eliminar el llamado “fuero” que consiste en la inmunidad procesal penal, que es considerada históricamente en nuestro país como un privilegio con el que se dotó a los titulares de los poderes públicos.
Advirtió que esa figura es innecesaria, por lo que es urgente ubicar a los titulares de los poderes públicos en situación de igualdad respecto del resto de los ciudadanos
Aclaró que la inmunidad es, en cambio, un mecanismo para garantizar el funcionamiento de dichos poderes; los titulares de estos no deben ser arrestados por autoridades menores con el propósito de que tales poderes, Presidencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Congreso de la Unión, gubernaturas y congresos locales puedan funcionar con libertad.
Sin embargo, aclaró que sus integrantes deben estar a la disposición de la justicia cuando sean acusados de haber cometido algún delito, todos, absolutamente todos, sin distinción alguna, incluyendo al Presidente de la República.
Señaló que va a llegar a la Presidencia un ciudadano mexicano que critica la existencia de dicho fuero y que promueve su completa eliminación, incluyendo a la figura del Presidente de la República, cargo que va a ocupar Andrés Manuel López Obrador.
Explicó que se requieren modificaciones de varios artículos para que el Presidente sea sometido a un proceso penal si es acusado de cometer un delito, al igual que los legisladores, ministros de la Corte, consejeros del INE y gobernadores, esa es la idea, que vayan a los juzgados a defenderse.
“Si la sentencia es condenatoria, se comunica dicha sentencia a la Cámara de Diputados y se da por suprimida la inmunidad y por terminado el ejercicio del cargo, así se propone el sistema, sobre la base de una sentencia”, agregó.
Reconoció que uno de los elementos de mayor descrédito del Congreso es la existencia de ese fuero, que se le liga a la prepotencia del servidor público, del representante popular, a la capacidad de éste para decidir cosas que sólo él puede hacer.
Afirmó que con la presentación de esta iniciativa se simboliza la decisión de Morena de “luchar contra los privilegios del poder, a ser iguales, personas, ciudadanos comunes y corrientes, y poderosos, ponerlos en un mismo plan de igualdad, controlar a los poderosos, vigilarlos, ponerlos bajo el escrutinio público y el imperio de la ley, restablecer en México el Estado de democrático de derecho”.
“El Presidente será sometido a un proceso penal si es acusado de cometer un delito. Nosotros también, los ministros de la Corte, los consejeros del INE, los gobernadores, esa es la idea, que vayan a los juzgados a defenderse”, indicó.
El fuero y la inmunidad
De acuerdo con la “exposición de motivos” de la iniciativa, se pretende acabar con el fuero, pero no con la inmunidad, debido a que ésta es una condición del funcionamiento normal y libre de los poderes públicos.
Se propone también que los servidores públicos que ahora tiene fueron sean sujetos de procedimiento penal en libertad, y cuando el juez dicte sentencia condenatoria, notifique a la Cámara de Diputados que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó.
“Ese procedimiento y sus consecuencias se aplicarían a las o los gobernadores de los estados, la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, diputados locales y magistrados de los respectivos tribunales superiores de justicia, por la comisión de delitos federales, sin que sea necesario que los congresos de las entidades se pronuncien al respecto”.
En el documento, se destaca que dicho procedimiento también se aplicaría al Presidente de la República, con la salvedad de que una vez dictada la sentencia condenatoria, el asunto pasaría a la Cámara de Diputados y el Senado para que le retiren la inmunidad y cesen sus funciones.
“Esta propuesta, que contiene una diferencia respecto del resto de los funcionarios, se debe a que es necesario cerrar el camino para impedir un golpe de Estado, que en esta hipótesis sería de origen judicial. En síntesis, el Presidente de la República podría ser juzgado en un tribunal ordinario”, añadió.
En su iniciativa, el diputado Gómez Álvarez detalla que los servidores públicos que gocen de inmunidad podrían recurrir al auto de vinculación a proceso ante la SCJN, o bien utilizar los recursos ordinarios.
Sin embargo, apunta, la inmunidad sólo correspondería a quienes se encuentren en el ejercicio de un cargo, por lo cual los representantes populares con licencia no serían sujetos de la misma, ya fuera con relación al procedimiento penal o en la manifestación de sus opiniones.
Además, establece que para dar congruencia a esta reforma constitucional, las entidades federativas deben tener el mismo sistema para el procedimiento penal, retiro de la inmunidad y cese del cargo de sus servidores públicos. Información Aristeguinoticias.com
