¿Qué hacer con la violencia?

Por Pascal Beltrán del Rio

Al comentar el hallazgo de un tráiler con cadáveres apilados que recorrió varios municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó ese tipo de horrores a la malograda estrategia contra la inseguridad que puso en marcha Felipe Calderón en 2006.

Dijo que en aras de legitimarse en el poder, luego de haber alcanzado la Presidencia mediante el “fraude electoral”, Calderón “declaró la guerra al narcotráfico y pegó un garrotazo a lo tonto al avispero”.
Desde entonces, dijo, hay mucha violencia en el país. “El origen fue el fraude electoral (…) A veces hay que refrescar la memoria”.

Es indudable que detrás de las cifras récord de asesinatos dolosos que vive México y la persistencia de la violencia criminal desde hace más de 12 años, hay muchas estrategias gubernamentales fracasadas. Y no me refiero sólo a las autoridades federales, sino también a las locales.

Recordemos que después de la derrota del PRI en las elecciones presidenciales de 2000, los gobernadores de los estados se sintieron liberados del yugo de Los Pinos y adquirieron un gran poder político. ¿Para qué lo usaron? Sobre todo, para demandar más dinero público a la Federación. Se los dieron, pero rara vez lo usaron para fortalecer las capacidades de brindar seguridad a los habitantes de sus respectivas entidades.

Cuando la violencia del narcotráfico comenzó a escalar —en parte por las restricciones que Estados Unidos puso en su frontera, lo que significó la creación de un mayor mercado de la droga en México—, esos mismos gobernadores aceptaron la presencia de soldados y marinos para hacer tareas de seguridad pública y se olvidaron más aún de su obligación de formar policías.

El recuerdo que debemos refrescar es justo ése. El país entró entonces en un círculo vicioso: Como las policías locales eran incompetentes y corruptas, entonces necesitábamos a los militares. Y en cuanto éstos llegaban a las entidades federativas —a hacer una tarea que no les correspondía y para la cual no estaban preparados—, muchos gobernadores bajaban los brazos y se hacían (se hacen) los desentendidos respecto de sus obligaciones en materia de seguridad.
No olvidemos por qué se movilizaron los soldados en Michoacán en diciembre de 2006. Fue porque el entonces gobernador, Lázaro Cárdenas Batel —quien será el jefe de asesores de la Presidencia en el próximo gobierno— pidió el auxilio de su paisano Felipe Calderón y éste se lo envió. Puede ser que Calderón viera en esa ocasión la oportunidad de mostrar la fuerza de Presidencia, saliendo en ayuda de un estado gobernado por el PRD, el partido con el que acababa de disputar una polémica elección. Puede ser también que, a toro pasado, la estrategia parezca fallida, habida cuenta de que no ha logrado la pacificación del país y ha puesto a las Fuerzas Armadas en una situación incómoda y riesgosa. Lo que no se puede decir es que Calderón decidió el envío de los soldados y marinos por capricho.
La decisión de “declarar la guerra al narcotráfico” en 2006 puede y debe debatirse, sí, en función de sus resultados, pero es necesario tomar en cuenta, como un elemento para la discusión y el análisis, el contexto que se vivía.

Ese contexto no era de paz y no había policías locales con que se pudiera hacer frente a la situación de inseguridad.

Por cierto, el primero en usar militares en tareas de combate del narcotráfico no fue Calderón. Ya Vicente Fox lo había hecho en la llamada Operación México Seguro, aunque se trató de soldados cedidos a préstamo a la entonces Policía Federal Preventiva. Y si nos vamos más atrás, también lo hizo José López Portillo, con la denominada Operación Cóndor, en 1976.

Pero ésa debería ser, sobre todo, una discusión de tipo académica. ¿Ha sido necesario o innecesario involucrar a los militares en cuestiones de seguridad pública? La pregunta la deben responder los especialistas en la materia.

No es lo que se espera del próximo Presidente, sino que explique qué va a hacer para que bajen los niveles de inseguridad en el país. La violencia que se ha dado hasta ahora no puede, de ninguna manera, ser atribuida al próximo gobierno, sin embargo, a partir del 1 de diciembre, todo mundo esperará que ponga en marcha medidas para que los distintos indicadores de la inseguridad vayan disminuyendo.
El próximo titular la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, fijó el mes pasado la meta del gobierno de López Obrador en el tema de la seguridad pública: “Reducir entre 30% y 50% los homicidios en los primeros tres años del gobierno de AMLO…”.

Determinado el objetivo por parte del próximo gobierno —cosa que debe reconocerse—, lo que ahora toca es decir cómo.

Ya se ha aclarado que los militares seguirán en las calles por un tiempo y que regresarán a sus cuarteles paulatinamente, conforme se vayan construyendo cuerpos de policías confiables. Nuevamente, yo celebro esto. Se trata de un propósito impregnado de responsabilidad y realismo, pero hay que ponerle plazos específicos y montos presupuestales suficientes. Construir policías resultará caro. Y hasta ahora no he visto que se hable de partidas específicas para ello, como sí ha sucedido con otros planes del próximo gobierno. Información Excelsior.com.mx