Por Enrique Aranda
Urgido a ubicar nuevos referentes de supuestos o reales “escándalos” imputables a sus opositores —neoliberales, conservadores o fifís— que permitan desviar la atención popular hacia temas ajenos a la crisis sanitaria y económica detonada por el COVID-19 —“que ni ha sido domada ni cuya curva acaba de ser aplanada…”— Andrés Manuel López Obrador parece dispuesto a retomar el operativo encubierto Rápido y Furioso que activó la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) norteamericana, entre 2009 y 2011, amenazando exigir información y una disculpa, incluso, a la Casa Blanca.
Hablamos del operativo que, con objeto de ubicar la red de traficantes de armas que abastecen a cárteles mexicanos, diseñó la ATF, consistente en dejar pasar miles de armas dotadas por un chip que permitiera rastrearlas y
sobre el que, en un momento dado, se perdió control
y derivó en el uso de algunas de aquellas en el asesinato del agente Brian Terry, en diciembre de 2010, y de Jaime Zapata, en marzo de 2011, hechos que activaron una investigación del Congreso estadunidense y llevó a interrogar a funcionarios del Departamento de Justicia, el procurador Eric Holder incluido quien, tras negarse a responder en plena comparecencia y atender pedidos de información puntual, fue imputado por desacato y debió ser “cubierto” por el mismísomo presidente Barack Obama, en uso de su llamado “privilegio ejecutivo”. Fue entonces, sólo entonces, que el gobierno de México se enteró del operativo; esto es, ni lo consistió ni, menos, lo permitió, aunque sí, en su momento, pidió información sobre el particular. Recuerdo, incluso, haber conversado sobre el punto con el titular de la PGR, entre septiembre de 2009 y marzo de 2011, el panista Arturo Chávez Chávez, quien, enfáticamente, me confirmó que teniendo una buena relación institucional con su par norteamericano, Holder, éste jamás le mencionó ni hizo referencia alguna al operativo que nos ocupa.
A la vista esto, entonces, valdría considerar que si en aquel entonces lo hizo de manera unilateral y explícitamente “encubierta”, bien podría estarlo haciendo ahora. ¿O (ahora) no?…
asteriscos
* Si bien esta semana, cuando la Suprema Corte se pronuncie sobre la ilegal y antidemocrática Ley Bonilla, la atención se centrará en los ministros del lopezobradorismo —Juan Luis González, Jazmín Esquivel y Margarita Ríos—, lo cierto es que lo mismo ocurrirá con Luis María Aguilar, a quien se identifica con la “vieja guardia” priista, aliada ahora al cínico Jaime Bonilla.
* Ignorados por la Federación en su solicitud de mayor apoyo para enfrentar la pandemia actual, los gobernadores de Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Durango y Nuevo León insisten en un nuevo pacto fiscal y respeto a proyectos —como los de energías renovables— que, sin más, se cancelan sin importar la pérdida de inversiones millonarias y empleos en sus estados.
* Mientras, la priista sonorense Claudia Pavlovich detalla ya un plan de reactivación económica que, partiendo del supuesto de que 75% de la sociedad cumpla con el aislamiento estricto las dos próximas semanas, podría iniciar entre el 16 y 22 de mayo próximos con la apertura de actividades no esenciales, de manera gradual, ordenada y progresiva.
Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza política.Información Excelsior.com.mx