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Mérida, Yucatán, 14 de junio de 2021.- La LXII Legislatura aprobó por mayoría, con 13 votos a favor y 10 en contra, la ratificación del ciudadano César Andrés Antuña Aguilar como Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, por un periodo de nueve años, por vía del voto particular, al no ser avalado por mayoría el dictamen de no ratificación, con 13 votos en contra y 10 a favor.
En la Sesión del Primer Periodo Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, también se aprobaron por unanimidad dos dictámenes que modifican el Código de Familia, uno en materia de adopciones y el otro en materia del uso de tecnologías de la información para relaciones materno-paterno filiales a distancia.
La plenaria inició con la toma de compromiso constitucional de los ciudadanos Néstor Irán Acosta Espadas y Vanessa Flamenco Irigoyen, como integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP), por un periodo de dos años.
Durante la discusión del tema del Magistrado del Tribunal de los Trabajadores, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández (PRI) señaló que la ratificación o no del ciudadano Antuña Aguilar “no depende de caprichos ni líneas políticas, vienen con lineamientos con orden federal”, porque el anterior dictamen de no ratificación aprobado por mayoría en 2019 por este Poder, resulto contrario a los principios constitucionales, como fue determinado por un juzgado federal que brindó el amparo a la persona en cuestión.
“Tenemos la oportunidad de enmendar la situación, tampoco podemos obviar que se pidió a los Tribunales (Superior de Justicia del Estado y de los Trabajadores) la información específica en productividad, licencias, faltas, asistencias, amparos otorgados y laudos, la cual fue otorgada por dichas autoridades”, aseveró.
El también Coordinador de la Fracción del PRI, manifestó que el mandato judicial explica que si se va a negar la ratificación del ciudadano Antuña Aguilar se debe realizar con base a las pruebas que aporten los tribunales, pero éstas han sido positivas al ahora magistrado.
“El propio Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY), que son los máximos intérpretes de la Constitución, consideran que (Antuña Aguilar) debe ser ratificado, lo que pretenden hacer ya no se puede llamar inocencia, sino voluntad de violar la ley”, recalcó el legislador del PRI sobre el dictamen de no ratificación.
La diputada Silvia López Escoffié indicó que los argumentos para el dictamen de no ratificación, son que los datos que aporta el informe del TSJY no representa información suficiente ni clara; además, no coincide con la información arrojada por la Plataforma Nacional de Transparencia, que reporta menos productividad del ciudadano.
“Este Congreso tiene la facultad, pero sobre todo la obligación de acudir a los órganos oficiales, autónomos y constitucionales en los que se encuentre la información que con carácter de obligatorio deben proporcionar las autoridades”, reiteró.
En el mismo sentido, la Coordinadora de la Fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, expresó que no es fácil para un Magistrado que ha estado seis años en el cargo, perder la oportunidad de ser ratificado nueve años más, porque a los 15 años sería vitalicio, “creo que fue de los motivos principales para ampararse”.
Así mismo, la diputada relató que, en la plataforma de transparencia, en 2019 no existe información alguna sobre el número de laudos emitidos ni de cuántos fueron ejecutados durante ese periodo, por lo que no existen datos que puedan tomarse en cuenta a favor de la actividad jurisdiccional del licenciado Antuña Aguilar; por lo que a su consideración, “tuvo una deficiente labor, porque también lo que está en la Ley de Transparencia se obedece y no son ocurrencias”.
En respuesta, el diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, dijo que se pretende juzgar la labor de un Magistrado con base a una plataforma que no es su responsabilidad, ya que hace más de dos años no realiza su función en el Tribunal debido al proceso en comento; de la misma forma, detalló que el artículo 70 de la Ley de Transparencia indica que solo se permite publicar los laudos ya ejecutados mas no los sentenciados, y por ende, no van a coincidir los datos.
“No quieren tomar la verdad y creen que ocultando tras una falsa verdad o incompleta, pueden salirse con la suya, estoy a favor de la legalidad, por defender la autonomía de poderes”, resaltó.
En otros temas, al discutir las reformas al Código de Familia en materia de adopciones, la diputada promovente, Milagros Romero Bastarrachea, explicó que con este se le brindará un entorno de agilidad, pero sobre todo de empatía con la infancia yucateca que se encuentra en estado de indefensión al carecer de una familia, ya que el proceso no podrá ser mayor a un año.
“La larga espera desaparecerá y los beneficios a los infantes será una realidad, esta deuda por muchos años ha estado latente, sé que nos hemos caracterizado por ser empáticos y con estos dictámenes que estamos por aprobar, reafirmaremos nuestro compromiso con Yucatán”, agregó.
De la misma manera, la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo, mencionó que el dictamen también propone garantizarle el derecho a la atención psicológica a los menores que se encuentren dentro de un proceso de adopción y tendrán igual el derecho a ser informados de las consecuencias de su adopción y su opinión será tomada en cuenta durante todo el proceso.
“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección de los menores en el estado de Yucatán, evitar el dolor evitable será siempre motivo de mi quehacer político, legislativo, parlamentario y social”, enfatizó.
En materia del uso de tecnologías de la información para relaciones materno-paterno filiales a distancia, el diputado del PRI y promovente de la iniciativa, Luis Borjas Romero, argumentó que el propósito del dictamen es la aplicación de la tecnología, y las tendencias digitales son fundamentales para que la justicia se renueve y se adapte a las nuevas realidades sociales.
“No solo actualiza el marco normativo armonizándolo con la modernidad social, sino que además admite la existencia de opciones que permitan fortalecer el derecho de las y los menores de edad atendiendo a su interés superior sin menoscabar los derechos sobre los cuales se privilegien, siendo en este caso el de convivencia familiar”, determinó.
Para finalizar, se realizó la declaratoria formal de la clausura del Primer Periodo Extraordinario correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura.
Derechos Humanos
Previamente, los integrantes de la comisión de Derechos Humanos aprobaron por unanimidad la convocatoria para la presentación de propuestas de candidatos para cuatro espacios en el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey).
Para lo cual, se convoca a las asociaciones civiles, cámaras empresariales, colegios de profesionistas e instituciones educativas de nivel superior, para que, si así lo consideren, propongan personas para ocupar el cargo de Consejero Consultivo de la Codhey.
