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El negar el préstamo al Ejecutivo estatal evitará la dinamización de la proveeduría de las empresas a través de los proyectos que realizaría el estado.
*Mérida, Yucatán, 23 de mayo de 2020.-* El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán advirtió que con el rechazo del préstamo al Ejecutivo por parte de 11 diputados locales, la reactivación económica del estado será más lenta, debido a que no se contará con los recursos solicitados, que serían para obras de infraestructura, las cuales dinamizarían la proveeduría de las empresas a través de los proyectos que realizaría el estado.
El presidente del CCE Yucatán, Michel Salum Francis lamentó la decisión de los legisladores yucatecos que votaron en contra del préstamo solicitado por el gobierno del estado, que no era para solventar el gasto corriente sino para reactivar la economía de la entidad, así como para agilizar la recuperación económica de cientos de empresas que desde hace más de 60 días están cerradas.
Con la aprobación del préstamo al Ejecutivo estatal la reactivación no sería de inmediato, pero sí incentivaría la recuperación de muchos negocios en corto plazo, pero con la negación del Legislativo local esto será más tardado, apuntó.
“Ahora sin recursos en el gobierno para obras de infraestructura será más complicado, ya que no se podrán realizar compra de insumos, materiales ni crear los 30 mil empleos que se pretendían”.
Salum Francis aseveró que ahora las cámaras empresariales, por petición de sus asociados, solicitarán al gobierno del estado que permita a los negocios abrir a partir del 1 de junio, porque no pueden seguir inactivos, debido a que están al punto de la quiebra y la posible pérdida de miles de empleos más.
“La petición de abrir los negocios, considerados no esenciales, será conforme a las normativas y cumpliendo las medidas sanitarias implementadas por las autoridades de salud, privilegiando siempre el bienestar de trabajadores y consumidores”, subrayó.
Michel Salum sostuvo que el préstamo solicitado por el Ejecutivo estatal no es un capricho de una persona o un grupo, ni del sector empresarial, sino que es una demanda necesaria para que el estado se reactive y la economía no se derrumbe ante la falta de productividad y empleos, que hasta la fecha se calcula son más de 50 mil plazas laborales cerradas por la contingencia.
