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Por Enrique Aranda
Encomiable en sí misma, digna de reconocimiento incluso, la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de declarar una “guerra frontal”, literal, al robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex), parece convertirse en una suerte de búmeran que, de manera por demás sorpresiva, está golpeando por la espalda al nuevo régimen en su credibilidad, en un entorno de suyo enrarecido por los altísimos niveles de confrontación y crispación social prevalecientes.
Y esto, no porque alguien ponga en duda la bondad y/o atino de la decisión del mandatario de la Cuarta Transformación de dar pasos sólidos en el combate a la corrupción, especialmente en el tema del llamado huachicoleo, sino, en esencia, porque, presumiblemente, por incapacidad-impericia y/o inexperiencia, la estrategia adoptada para avanzar por esta ruta, simple y sencillamente ignoró la posibilidad de los posibles daños colaterales en su aplicación, particularmente los que inciden en el bienestar de la población.
En las últimas 72 horas, efectivamente, en medio de una auténtica confrontación entre afines y detractores del lopezobradorismo en redes sociales, al tiempo que mientras él mismo multiplica sus llamados de apoyo y a la prudencia, la cruda realidad exhibía decenas, ¿cientos ya?, de gasolinerías cerradas por carecer de reservas en la capital, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, el Estado de México y más, el asunto escalaba de tal manera que ya ayer, por ejemplo, el clamor popular ya no era sólo por la regularización del abasto de combustibles, sino más, muchísimo más, por la identificación y/o procesamiento de quienes condujeron al país, por acción u omisión, a los niveles en que se encuentra ahora.
Tal es la situación que, de confiar en fuentes oficiosas, el propio Presidente habría llamado a revisar “y ajustar en su caso” la estrategia, luego de que haya sido él quien, 24 horas antes, hubiera “deslizado” la especie de que el titular de la salvaguarda de las instalaciones de la empresa, el general Eduardo León Trauwitz, era investigado, una acción que la secretaria —fifí, a decir de ellos— de Gobernación, la cuestionada Olga Sánchez Cordero siguió, aprovechando para ello la “mañanamera” de ayer, asegurando que la Unidad de Inteligencia Financiera había detectado ya y “congelado” incluso, cuentas bancarias multimillonarias vinculadas al ilícito, en tanto que su par en Energía, Rocío Nahle, recordaba que tres exfuncionarios de Pemex, al menos, están siendo investigados.
Nadie, sin embargo, con excepción del jefe del Ejecutivo, ofreció una pista siquiera respecto de la identidad de quienes, desde el interior de la exparaestatal —funcionario y, ojo, trabajadores sindicalizados se entiende—, podrían haber estado vinculados a las poderosas redes del huachicol y, menos, de los cabecillas y/o financieros cuyas cuentas habrían sido ya intervenidas.
Encomiable pues como es, la decisión de combatir el multimillonario ilícito, no son pocas las voces que han comenzado a “condicionar” su apoyo al reclamo de apoyo oficial al cumplimiento de la exigencia de identificación y procesamiento, si fuera el caso, de quienes lo alentaron.
ASTERISCOS
- Concluye la semana y el Congreso poblano no parece avanzar hacia la definición de quién podría ocupar la gubernatura interina, tras la muerte de Martha Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle. La causa, en opinión de propios y extraños, no es otra que el “desbordamiento de la ambición de un par de líderes morenos” cercanos, ambos, a Luis Miguel Barbosa.
- Vaya buenos números los que, liderado ahora por
Alberto Ortiz Bolaños, exhibió el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) al cierre del 2018, particularmente la dispersión de 18,148 millones de pesos en crédito, en favor de casi dos millones de trabajadores formales.
Veámonos el domingo, con otro asunto De naturaleza política. Información Excelsior.com.mx
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