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Ante la pandemia generada por el Covid-19 los organismos autónomos han adaptado sus procesos de diversas formas para garantizar a la ciudadanía el derecho al acceso a la información.
MÉRIDA, Yuc., 19 de agosto 2020.- En el Conversatorio El acceso a la información en tiempos del Covid-19, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), organismos como el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) compartieron sus experiencias en materia de transparencia y la forma en que han enfrentado la contingencia sanitaria por la propagación del virus SARS-CoV-2.
Durante su mensaje la Consejera Presidente del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya, recordó que los órganos autónomos deben cumplir lo establecido en el artículo sexto de la Constitución Mexicana en efecto de garantizar el derecho ciudadano a la información.
“Los retos enfrentados ante las actuales circunstancias son motivo de este intercambio de experiencias”, comentó al dar la bienvenida al evento moderado por el Comisionado Presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Aldrin Martín Briceño Coronado.
Durante su intervención el Magistrado del TEEY, Fernando Bolio Vales, señaló que en el caso de los tribunales electorales, como órganos de impartición de justicia, esta coyuntura, por más trágica y dolorosa que resulte, no debe ser un argumento para detener en su totalidad la prestación de este esencial servicio y garantizar la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial.
Señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales locales han trabajo en el sistema de Justicia Abierta y su vinculación con la transparencia, sirviéndose de la innovación y las tecnologías de la información y las comunicaciones, como herramientas cotidianas.
Mencionó que, a la fecha, por la pandemia se han pospuesto más de 37 procesos electorales en el mundo y en Yucatán el Congreso del Estado determinó posponer el inicio del proceso electoral a la primera semana del mes de noviembre del año en curso, lo que representa complicaciones para el sistema democrático.
Ante esta situación, resulta imprescindible adoptar medidas efectivas que brinden certeza en la protección de los derechos político electorales durante la pandemia, por lo cual el TEEY ha tomado nueve Acuerdos plenarios que han permitido prevenir la propagación de contagios y, desde el mes de enero, se ha actuado en el 100 por ciento de los medios de impugnación en materia electoral interpuestos y se ha resuelto prácticamente el 90 por ciento de ellos.
Dentro de los asuntos recurridos durante los últimos meses destacó que la mayoría se encuentran relacionados con el desempeño y ejercicio del cargo e incluso con violencia política en razón de género, además que en este periodo se dictó la primera sentencia en el estado en la que se sanciona a una autoridad municipal como responsable de cometer actos que incurren en violencia política en razón de género, ordenándose el cese inmediato de las acciones que impedían que una regidora pudiese cumplir plenamente sus funciones.
De enero a la fecha se han atendido 33 de 52 solicitudes de acceso a la información y de derechos arco; sesionando el Comité de Transparencia en 15 ocasiones para efectos de velar el cumplimiento de las obligaciones en la materia; de igual forma se han publicado, en el página de internet del Tribunal, de manera íntegra los acuerdos relacionados con el COVID-19, así como la totalidad de las sentencias emitidas y, durante los últimos meses las actas de sesión, en su versión estenográfica, en donde constan el contenido de las sesiones en las que se han resuelto los asuntos jurisdiccionales.
El Presidente de la Codhey, Miguel Oscar Sabido Santana, destacó por su parte que ante la contingencia el derecho a la información sufrió algunas limitaciones ante la determinación de interrumpir plazos y términos para la respuesta de solicitudes de acceso a la información que se aplicó a las instituciones por la pandemia, pero poco a poco se ha reestablecido.
En la Codhey, dijo, el número de solicitudes lejos de disminuir se ha mantenido, dando oportuna respuesta conforme a lo que se requiere.
Consideró que la reforma constitucional de 2014 en la cual se establecieron medidas para proteger el ejercicio del derecho al acceso a la información y la protección de datos personales ha sido un paso trascendente para fortalecer la transparencia en las instituciones.
Ante la pandemia enfatizó que es necesario que la ciudadanía esté debidamente informada para satisfacer los derechos que de una u otra forma están siendo afectados, en materia de salud o por el impacto a la economía.
Asegurar la información de las comunidades es una obligación del gobierno y una parte importante de la democracia, se debe procurar que las comunidades reciban la mejor información disponible y la más actualizada, manifestó.
El Consejero Electoral del IEPAC Yucatán, José Antonio Martínez Magaña, detalló que la información pública es producto de las actividades que realicen las y los servidores públicos y en el Instituto se siguió trabajando para dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo sexto constitucional incluyendo el debido resguardo a temas como la protección de datos personales.
En el Instituto se trabaja para dar cumplimiento a garantizar este derecho que cada vez es más utilizado por la ciudadanía, afirmó y detalló que el número de solicitudes de acceso a la información recibidas en el órgano electoral estatal ha incrementado considerablemente, pasando de 41 solicitudes recibidas en 2014, a 206 en 2015; 234 en 2016; 247 en 2017; 481 en 2018 que fue año electoral; y en 2019 se cerró con mil 21 solicitudes.
El primer trimestre de 2020 se recibieron 61 solicitudes y, a finales de marzo con el inicio de la contingencia sanitaria por la pandemia, se determinó un cierre administrativo continuando con las labores a distancia mediante herramientas tecnológicas, para protección de la salud del personal y de la ciudadanía, y no se suspendió la recepción de solicitudes de información.
A partir de la declaración de emergencia sanitaria, relató, disminuyó el número de solicitudes, pero aún así durante la contingencia se recibieron 52 solicitudes que deberán atenderse conforme lo indique la ley.
La utilización de las tecnologías de la información ha facilitado que la ciudadanía acceda a la información pública sin necesidad de hacer escritos y presentarlos de manera presencial en las instituciones.
El plazo para responder las solicitudes determinado por la ley es de 10 días, pero ello incluye todo el proceso de recepción, envío a las áreas a las que corresponda responder, clasificar la información e incluso el análisis y determinación de procedencia por parte del Comité de Transparencia, por lo cual en ocasiones sería necesario ampliar los plazos acordes al volumen de la información que se requiere, opinó.
Con la contingencia, acotó, habrá ciertas complicaciones en cuanto se reactiven los plazos, ya que se acumulan las solicitudes, pero todas deberán responderse en el breve tiempo que se tiene para hacerlo conforme a la ley.
A ello se añade que muchas solicitudes requieren información de varios meses o años y la labor de búsqueda para respuesta deberá combinarse con otras tareas, incluyendo el inicio formal del Proceso Electoral 2020-2021 a partir del mes de noviembre.
Considero que para responder las solicitudes con la complejidad que se está presentando deberíamos tener una interacción respetuosa con los solicitantes para responderles, pero en un tiempo razonable conforme al volumen de información requerida, con la entrega en los formatos en los cuales se encuentra lo solicitado o poniendo a disposición del o la solicitante la información requerida cuando ésta es muy amplia.
El moderador Briceño Coronado coincidió en que el procedimiento representa retos y reconoció la labor de los enlaces de Transparencia en las instituciones, quienes se encargan de dar seguimiento al cumplimiento que permita el ejercicio pleno de este derecho.
El conversatorio se transmitió mediante el canal de YouTube Iepac Yucatan donde se encuentra disponible de manera pública para la ciudadanía.
