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Por Enrique Aranda
El imprudente manejo del diferendo suscitado entre el nuevo gobierno, su titular Andrés Manuel López Obrador, y el Poder Judicial federal por la unilateral decisión de aquel de imponer éste su política de “austeridad republicana” que implicaría no sólo una reducción salarial de casi 50%, sino, al propio tiempo, la cancelación “por decreto”, de prestaciones y derechos conseguidos al paso de los años, décadas en no pocos casos, irrumpió en el ámbito internacional.
Apenas el miércoles, en el marco de una audiencia de carácter temático realizada en el marco de los trabajos de la 171 Asamblea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Sucre, Bolivia, representantes de poco menos de un millar de jueces y magistrados federales, de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados (Femeca) que preside José Luis González, expusieron el referido problema, sí, pero también el cúmulo de iniciativas de la nueva administración sexenal que, en su opinión, amenazan la independencia del Poder Judicial y la indispensable división de poderes.
Un cúmulo de iniciativas, refirió Víctor Rodríguez Rescia, del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) que, sin previa consulta o diálogo con los implicados, igual plantean que sea el Senado el que designe a la totalidad de los integrantes del Consejo de la Judicatura que, dijo, la elección por voto universal de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, la rotación obligatoria de jueces y magistrados o, incluso, reformas al artículo 19 de la Constitución para imponer prisión preventiva en un cúmulo de delitos en que ésta resulta violatoria de la presunción de inocencia y, sin duda, de la independencia de los jueces para dictaminar sobre casos específicos.
Una audiencia, ésta, en la que representantes del gobierno mexicano desestimaron cuanto ahí se mencionó, argumentando que se trataba de iniciativas aún no dictaminadas por el Legislativo y ofreciendo referir las discusiones sobre las mismas, amén de intentar minimizar las referencias a la ya aprobada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos violatoria, a decir de demandantes, de sus derechos.
Al margen el carácter no vinculatorio de la audiencia (temática), huelga decir, tanto la presidenta como la relatora de la misma, Esperanza de Troitiño y Soledad García, confirmaron haber solicitado al Estado mexicano crear una mesa de trabajo para dar seguimiento a los temas y a las iniciativas de ley mencionadas, autodesignándose la CIDH como “entidad de buenos oficios”, amén haber enviado solicitud formal a Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard “para los efectos pertinentes”.
A la vista de lo anterior, y al margen de la generalizada percepción de que el diferendo entre poderes no se agotará en, al menos, la primera mitad del 2019, no son escasas ya las voces que hablan de la urgencia de establecer un diálogo directo entre ellos con miras a “despresurizar” el ya excesivamente enturbiado entorno social.
ASTERISCOS
- Inexplicable, a decir de los más, la insistencia del administrador de turno en Acción Nacional, el gris-gris Marko Cortés de imponer a su “favorita”, la cuestionada alcaldesa de Aguascalientes-capital María Teresa Jiménez como candidata a la reelección, aun cuando con ello incumplirá el compromiso asumido con el gobernador Martín Orozco —“a cambio del apoyo de éste a su dirigencia”— de que el asunto se decidiría a nivel estatal.
- Más temprano que tarde, la 4ª. Transformación comienza a tropezar con sus propios excesos: ayer, 24 horas después de verse obligado a revertir el nombramiento de la modista Edith Arrieta en la subdirección de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, el joven estudiante David Alexir Ledesma dejó Comunicación, también en Conacyt, ¡antes de tomar posesión!
Veámonos el domingo, con otro asunto De naturaleza política.
Twitter: @EnriqueArandaP