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Por Pascal Beltrán del Rio
Termina una semana en la que el tema de la educación estuvo en el centro de la discusión pública.
Comenzó con el arranque del ciclo escolar 2018-2019 de la educación básica, que marcó el inicio de la aplicación del nuevo plan de estudios –a implementarse paulatinamente en primaria y secundaria–, parte de la Reforma Educativa.
Continuó con la primera aparición en público, en más de cinco años, de la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo. En su discurso, La Maestra sentenció que dicha reforma se había “derrumbado”.
Siguió con el primer encuentro de los equipos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, donde el Presidente en funciones y su sucesor difirieron sobre el futuro de la Reforma.
El primero dijo que se mantendría la implementación de los cambios legales promulgados en febrero de 2013.
El segundo afirmó: “Quiero dejar de manifiesto que se va a cancelar la actual Reforma Educativa. En su momento –como dicen los abogados, en tiempo y forma–, vamos a presentar las iniciativas para cancelarla y dar a conocer un plan distinto con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias”.
Con ello, López Obrador reiteró su postura de la campaña electoral de echar abajo los cambios, por considerarla lesiva de los derechos de los maestros, aunque se abstuvo de hablar, como hacía antes de la elección, de “la mal llamada Reforma Educativa”.
En respuesta, el subsecretario de Educación Básica del la SEP, Javier Treviño, me dijo en una entrevista para Imagen Radio que no quedaba claro a qué parte de la reforma había aludido López Obrador, si a la evaluación magisterial o al nuevo plan de estudios o a ambas, pero que la presentación de exámenes por parte de los maestros ya había dado resultados, pues cerca de una tercera parte de las escuelas del país tenía un director que había surgido de los concursos de oposición creados por la reforma.
La organización Mexicanos Primero también se preguntó con qué aspectos de la reforma estaba inconforme el presidente electo.
“¿Qué es lo que quiere quitar?”, cuestionó su director general, Juan Alfonso Mejía. “¿Los bebederos de agua, la autonomía escolar, la promoción magisterial…? Hace falta mayor claridad en el planteamiento”, me dijo en una entrevista.
Como sucede en el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el equipo de López Obrador no ha querido ser tajante en lo que se propone hacer con la educación a partir del 1 de diciembre, sino recoger opiniones antes de tomar su decisión.
Esteban Moctezuma, quien ocupará la cartera de la SEP, dio a conocer que a partir del próximo lunes se realizará una consulta para alcanzar un acuerdo nacional en materia educativa. Participarán, dijo, todos los sectores de la sociedad. A partir de octubre se procesará toda la información recabada y los resultados estarán listos en diciembre.
El miércoles, en el foro de Banorte, Moctezuma volvió a referirse al tema. Opinó que los maestros no se oponen a ser evaluados, sino que quieren ser capacitados antes de presentar exámenes.
Por ello, afirmó, “apostaremos por mejorar la calidad educativa, lo cual sí pasa por evaluar a los maestros, pero no por condicionar sus plazas”.
De este conjunto de declaraciones, es difícil deducir qué pasará en lo inmediato con la Reforma Educativa. Encima de eso, hay que recordar que durante la campaña, el 17 de mayo para ser preciso, López Obrador se comprometió ante empresarios que de convertirse en Presidente de la República no promovería cambios a la Constitución durante los primeros tres años del sexenio.
Era muy difícil que supiera entonces –seis semanas antes de las elecciones– que los votantes darían a su coalición una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión y el control sobre 19 legislaturas de los estados, es decir, condiciones inmejorables para modificar la Constitución pues, si quisiera hacerlo, tendría que negociar muy poco con los partidos de oposición.
Pero la promesa ahí queda y si realmente se quiere “cancelar” la Reforma Educativa, es imposible hacerlo sin tocar el artículo tercero de la Carta Magna.
En su numeral IX está la médula del diferendo: “Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (…) Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”.
Quizá haya maneras de dejar de aplicar la reforma o hacer modificaciones administrativas o legales para alterar su esencia. Pero para cancelarla, lo que se dice cancelarla, hay que tocar la Constitución.Información Excelsior.com.mx